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Ante la invisibilización de las muertes de manifestantes de los sectores populares

Surgentes

Caracas 25/01/2019

En el marco de la ilegítima e ilegal autoproclamación del diputado Juan Guaidó como presidente encargado de la República, con el apoyo de los EEUU y sus gobiernos aliados, lo que implica un nuevo intento de golpe de Estado en Venezuela, han ocurrido una serie de manifestaciones en zonas populares de varios estados del país, con un saldo de, al menos, 28 personas asesinadas, entre el 21 y el 24.01.19. Frente a ello, Surgentes, colectivo de DDHH, se manifiesta en los siguientes términos:

1.- El derecho a la manifestación es un derecho humano, consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) y en los principales tratados internacionales de derechos humanos. La manifestación permite expresar ideas y opiniones, así como incidir en los asuntos públicos a través del protagonismo directo. Las manifestaciones pueden ser pacíficas o violentas. No obstante, solo las pacíficas constituyen un ejercicio del derecho a la manifestación, mientras que las violentas pueden implicar la comisión de delitos y/o faltas. La CRBV es clara al excluir la violencia, del derecho a la manifestación: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas[1].

2.- Conviene, sin embargo, aclarar que existen diferentes estándares de derechos humanos que aplican, también, para la gestión de las manifestaciones consideradas violentas o ilegales: los cuerpos de seguridad deben usar la fuerza excepcionalmente, de manera proporcional a la agresión que reciben, solo sobre las personas agresoras, en defensa propia o de terceros, minimizando los daños ocasionados y protegiendo tanto a manifestantes como a posibles contramanifestantes. La protección de la vida e integridad de la población manifestante, debe guiar la actuación de los cuerpos de seguridad.

3.- Con la data disponible[2] es posible identificar algunas regularidades en las manifestaciones ocurridas entre el 21 y el 24.01.19 y su control público:

–       Al menos el 38% de las manifestaciones eran violentas y en el 28,5% de ellas hubo un enfrentamiento a los cuerpos de seguridad, con armas de fuego y objetos contundentes. Una de las personas asesinadas es un Sargento Segundo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y dos funcionarios de este cuerpo fueron golpeados por manifestantes en Chacao, en un intento de linchamiento y sus motos fueron quemadas. Hay varios funcionarios de seguridad heridos y han sido quemadas varias sedes de instancias gubernamentales en distintas partes del país.

–       En el 42,8% de los casos se denuncia la actuación de los cuerpos de seguridad del Estado, como responsable de los asesinatos. La Policía Nacional Bolivariana (en particular su grupo táctico, el FAES) es el organismo más denunciado, seguido de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). En el resto de los casos se carece de información sobre los posibles victimarios o se señala a civiles (comerciantes que defendiendo su propiedad cometieron homicidios, civiles partidarios del gobierno o manifestantes pro oposición)

–       Casi la totalidad de estas muertes ocurrieron en zonas populares.

–       El alto número de muertes de manifestantes (tanto en manifestaciones pacíficas como violentas) indica que los cuerpos de seguridad se apartaron de los estándares del uso progresivo y diferenciado de la fuerza.

–       Hemos conocido testimonios directos de tomas policiales posteriores a las manifestaciones, en donde el FAES de la PNB ha allanado ilegalmente viviendas, amenazado y maltratado a pobladores.

4.- Los antecedentes de la PNB y otros cuerpos de seguridad, de prácticas represivas sistemáticas en sectores populares (ejecuciones extrajudiciales, allanamientos ilegales, torturas y malos tratos, amenazas), en los últimos 5 años; así como el elevado saldo de muertes ocurridas en apenas 4 días, permiten presumir que estas se insertan en un patrón de actuación clasista y racista de los cuerpos de seguridad del Estado, que viene consolidándose desde 2013. Las zonas populares son vistas como territorios de ocupación y poblaciones a contener, en un contexto de creciente crisis socio-económica y política.

5.- En el debate público, estos manifestantes asesinados, que provienen de los sectores populares, no han sido reivindicados por los principales actores de la oposición. Lo que contrasta con su práctica en las manifestaciones insurreccionales de 2017 y 2014, cuando los focos de protesta se encontraban en los territorios de las clases medias y altas. El gobierno, por su parte, tampoco habla de ellos, ni señala la necesidad de una investigación sobre lo ocurrido. En ambos casos, se trata de un silencio muy expresivo: las vidas parecen tener valores diferenciales en función del origen social, el territorio y la opción política.

6.- Hemos conocido testimonios que señalan una alta participación de jóvenes vinculados a prácticas delictivas, protagonizando estas manifestaciones. Si ese dato se analiza junto a las denuncias de 2017 que señalaban que a jóvenes vinculados a prácticas delictivas se les pagó para que manifestaran de manera violenta, es posible pensar que se estaría repitiendo esa táctica de la oposición política. Se trataría de activar un foco de violencia en los sectores populares para minar simbólica y materialmente la principal base de apoyo del gobierno. En caso de que esto sea cierto, instamos a los cuerpos de seguridad del Estado a respetar los estándares del uso progresivo y diferenciado de la fuerza en el legítimo control de estas acciones. En medio de una manifestación pacífica, pueden existir personas ejerciendo violencia y el Estado está obligado a un trato diferenciando, protegiendo la vida, en cualquiera de los casos. Instamos, igualmente al gobierno del Presidente Maduro, a abstenerse de generalizaciones criminalizadoras, que pongan en riesgo a la población de estos sectores o la legitimidad de su derecho a manifestar.

7.- Solicitamos al Ministerio Público una investigación imparcial y célere sobre estas muertes, que garantice justicia en todos los casos y, al Ejecutivo Nacional que revierta la política clasista y represiva de seguridad, que viene victimizando a los sectores populares, en los últimos 5 años. Cabe recordarles a los funcionarios responsables de la seguridad, incluido al Presidente Maduro, el modo en que el Comandante Chávez entendía este problema. Esperamos que estas citas, con las cuales cerramos este comunicado, sirvan para alumbrar una corrección del rumbo en la política de seguridad:

–       En 2005, luego de la masacre policial del barrio Kennedy, el Presidente Chávez, se refirió a las desviaciones policiales en los siguientes términos: “…no podemos tener unos asesinos con carnet en la calle matando gente, ¡ah! y después que los matan el viejo procedimiento de matarlos dos veces, matarlos dos veces: porque tú lo mataste y después lo conviertes en un delincuente, en un atracador de banco, en un asesino, en un drogadicto, etc., no podemos permitir eso, repito, prefiero quedarme sin policías”[3].

–       En 2008, con motivo de la conformación del Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y los Consejos Regionales de Seguridad Ciudadana, afirmó: “…se asocia la seguridad con la represión, con la existencia de cuerpos policiales, militares, paramilitares cuya tarea es golpear al pueblo, además una visión clasista […] Bueno, es el estado burgués, es el estado burgués que organizó cuerpos policiales, cuerpos militares […] ¿para qué? para golpear a los pobres, para golpear a las clases populares, para cuidar, digámoslo así, los intereses, preservar los intereses de las clases dominantes […] todavía en muchos cuerpos policiales y otros cuerpos de seguridad del Estado, todavía está viva esa enfermedad el carácter represivo de la seguridad”[4].

–       Finalmente, en 2012, en el lanzamiento de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela[5], el Presidente Chávez expresó: “el color moreno, el color negro, eso se criminalizó, el racismo, se criminalizó la pobreza, los pobres son los delincuentes… Esa es la visión reaccionaria, es la visión desde la óptica burguesa de este problema. ¡Plomo al hampa! Disparen primero y averigüen después. Y eso se instaló aquí y todavía estamos batallando, con esos viejos vicios, viejos venenos que inocularon el cuerpo social, cuerpos policiales, cuerpos de seguridad y a la sociedad misma toda, como un todo”.

Notas

[1] República Bolivariana de Venezuela. Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Gaceta Oficial Nº 5.453 Extraordinario, del 24 de marzo de 2000. Art. 68.

[2] Salvo dos casos en los que obtuvimos testimonios directos, la inmensa mayoría de la data fue obtenida de medios electrónicos. Ello supone, evidentemente riesgos de error y sesgos. Sin embargo, decidimos usar esa data, aclarando sus debilidades, porque es coincidente con patrones previamente identificados y consideramos necesario alimentar el debate público al respecto.

[3] Aló Presidente No 227, del 3 de julio de 2005.

 

[4] Cadena nacional de Radio y Televisión, realizada el 21 de febrero de 2008

 

[5] Cadena nacional de Radio y Televisión, en junio de 2012

Surgentes

Colectivo de DDHH

surgentesvenezuela@gmail.com

 

 

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