Ante las denuncias públicas de los/as estudiantes de las Residencias Livia Gouverneur sobre el intento de desalojo de ese espacio conquistado por el movimiento estudiantil durante el proceso de la Revolución Bolivariana, nos trasladamos el día de hoy, 21.07.20, a ese lugar y participamos, como oyentes, juntos a otros colectivos y organizaciones del movimiento popular de Caracas, en una asamblea. En función de la información ahí recopilada, que incluyó tanto la voz de representantes del Estado y de la Juventud del Psuv, como la de los/as estudiantes, nos pronunciamos en los siguientes términos.

1. La representante del Estado y la J-Psuv argumentó que dado el aumento sustantivo de casos de Covid-19 en Caracas, la Comisión Presidencial creada para atender esta crisis decidió habilitar cerca de 100 espacios en la ciudad para alojar a las personas que están dando positivo a las pruebas de contagio, siendo uno de ellos las Residencias estudiantiles. Argumentó que el derecho a la vida está por encima de otros derechos, razón por la cual se trataba de una decisión inapelable. Igualmente, señaló que no se trataba de un desalojo arbitrario, porque se estaba negociando con los/as estudiantes y porque se trasladaría a los/as jóvenes a sus estados de origen junto a sus pertenencias, se les dotaría de una bolsa de alimentos mensualmente y, en caso de necesidad, de conexión a internet. Así mismo, señaló que las residencias serían devueltas a los/as estudiantes una vez pasada la pandemia.

2. Sobre los argumentos planteados, nos resulta necesario precisar el concepto de arbitrariedad. En efecto, cuando dos derechos colisionan (en este caso los derechos a la vida y a la salud con los derechos a la vivienda y a la educación), es necesario hacer un ejercicio de ponderación que permita garantizar el nivel más alto posible de protección a la mayor cantidad de personas, minimizando los daños a la población afectada y garantizando su reparación. El Estado debe demostrar que hizo el máximo esfuerzo por encontrar otros lugares cuyo uso no implicara, como en este caso, la vulneración de derechos de la población (en particular, de la más vulnerable: estudiantes de los sectores populares, del interior del país); así como ofrecer un tiempo y un proceso que permita a los/as estudiantes defender su derechos e intereses. Caso contrario, los hechos encuadran en el concepto de desalojo arbitrario. En función de esta ponderación, es necesario evaluar lo siguiente:

2.1. Los/as estudiantes señalaron que existen otras opciones de inmuebles en la zona, incluyendo edificios abandonados que pueden ser recuperados para atender la emergencia. Cuentan con el apoyo del Consejo Comunal de la zona, que ofreció un listado de estos inmuebles en desuso. Adicionalmente, militantes del movimiento popular de. Caracas argumentaron que debía priorizarse el uso de inmuebles de propiedad privada, tales como hoteles de lujo y otros espacios del capital, antes que un espacio como la Residencia, cuya toma afecta negativamente a más de 300 estudiantes.

2.2. Las/os estudiantes denunciaron y la representante del Estado y la J-Psuv reconoció, que el proceso de intento de desalojo implicó una coacción inicial, amenazas de detención a quienes no desalojaran en un lapso de 3 días, señalamientos de “bioterroristas” a quienes se resistieran y la presencia de funcionarios armados en actitud intimidante. Ante las denuncias públicas de los/as estudiantes el Estado optó por un mecanismo más conciliatorio, pero en el cual nunca desapareció el hecho de que se trataba de una decisión tomada y que tenía un tiempo perentorio de ejecución. Ante esto, algunos/as estudiantes, por temor, iniciaron el desalojo de la residencia. Pudimos ver a varios de ellos/as sacando sus pertenencias en sábanas y cajas improvisadas. Es evidente, que la decisión estatal, aun en su versión conciliatoria, no está garantizando un proceso y un tiempo que permita a los/as estudiantes defender sus derechos e intereses.

2.3. Por las razones anteriores concluimos que, en efecto, se está realizando un intento de desalojo arbitrario. Adicionalmente, los/as estudiantes denuncian que no confían en la promesa estatal de devolver la residencia una vez pasada la pandemia, dado que existen numerosos antecedentes de promesas incumplidas por parte del Estado. Entre ellas, la de devolver locales comerciales que pertenecen al inmueble y que serían destinados a cooperativas estudiantiles, pero que fueron prestados “temporalmente” para un operativo de juguetes navideños a bajo costo y más nunca fueron devueltos a los/as estudiantes. En su lugar, fueron entregados a empresas privadas cuyos dueños son denunciados como cercanos a funcionarios del Estado. En términos políticos, el priorizar el desalojo de esta Residencia, que es un símbolo de conquista estudiantil e inclusión social, y que genera un daño muy relevante a los derechos a la vivienda y a la educación de estudiantes pobres, sin que ello contribuya de manera relevante a la gestión de la crisis generada por la pandemia, resulta un símbolo muy negativo de a quien está priorizando el Estado para que pague las consecuencias de la crisis. La gestión pública de la coronacrisis debe corregir las desigualdades sociales, no profundizarlas. La decisión de priorizar el desalojo de estudiantes de la residencia Livia Gouverneur no solo es violatoria de derechos de un sector vulnerable de la población (en tanto es arbitraria), sino que apunta además a profundizar la desigualdad social. Cabe recordar que el discurso en el que Chávez inició el proceso de esta Residencia que venía a saldar una deuda social histórica reivindicó el concepto de poder obedencial (mandar subordinado al pueblo, obedeciendo al pueblo). La mayoría de los/as estudiantes que permanecen en la residencia se niegan a desalojarla, y solicitan al Estado que evalúe otras opciones. Al cierre de la asamblea, corearon la consigna “¡Lo que Chávez nos dio, nadie nos lo quita!”. Cabe apostar y exigir que los funcionarios del Estado reconsideren su decisión, reconozcan sus errores de forma y fondo y hagan valer el poder obedencial citado por Chávez, garantizando los derechos de las/os estudiantes. En cualquier caso, la denuncia pública, la movilización y la articulación de la solidaridad de clase, deben mantenerse como recursos fundamentales para la lucha por los derechos de las/os estudiantes.

#NoAlDesalojoEstudiantil

#NoEnNombreDeChavez

Surgentes

Colectivo de DDHH