ALTO RIESGO IMPUNIDAD EN EL HOMICIDIO DE DOS ADOLESCENTES A MANOS DE LA POLICÍA
Una estrategia de impunidad se teje en el sistema de justicia penal

Luego de dos años y medio del asesinato de Ricardo Castro (13 años) y Jhonaikel Moreno (17 años) en el kilómetro 0 de la Panamericana (El Valle, Caracas), los 9 funcionarios policiales responsables de los homicidios no han sido sancionados y pueden quedar en libertad plena. La impunidad de este caso se viene gestando de a poco en el metabolismo del sistema penal, pese al coraje con el que Heidy Moreno (madre de una de las víctimas) enfrenta cada irregularidad.

El día del asesinato

El 05 de diciembre del 2018, desde las 4:00 pm, Heidy Moreno se encontraba montando un pesebre en la pared externa de su casa, al inicio de la Calle 18 de El Valle (kilómetro 0 de la Panamericana) en compañía de su familia y vecinos que se acercaron a ayudar. Entre ellos, sus dos hijos, Ricardo Castro Moreno y Johaiberson Castro Moreno (14 años) y su sobrino Jhonaikel Moreno (17 años), que venía llegando junto a su madre desde San Juan de Los Morros. Era un ambiente alegre, la gente pasaba y saludaba o se quedaba comentando. Como a las 7:30 pm, dos grupos de funcionarios llegaron al lugar disparando. Unos venían, sin uniforme, en una camioneta blanca por el lado de la Panamericana (luego se sabría que eran funcionarios del FAES/PNB, uno de ellos escolta del dirigente Freddy Bernal) y otros eran policías uniformados (de la Policía Nacional Bolivariana) que llegaron por la calle que entra al barrio. Entraron haciendo uso de una táctica de asalto: acción repentina y por sorpresa. Decían que el “muchacho que tenía la camisa roja era el que se había robado la moto”. Señalaban a Jhonaikel, sobrino de Heidy. Uno de los funcionarios del FAES le disparó inmediatamente en el hombro. Con los tiros, los jóvenes y niños que estaban en el lugar salieron corriendo y varios fueron víctimas de nuevos disparos. Entre ellos Ricardo y Johaiberson, los dos hijos de Heidy. Ricardo apenas llegó al primer escalón de la escalera que está al lado de la casa de Heidy, cuando recibió un tiro en la parte baja de la espalda, que le quitó la vida a las pocas horas. Johaiberson subió un poco más y recibió un disparo en el brazo. A Marvelis, una vecina adolescente, le dispararon en el muslo, también por la escalera. Jhonaikel, quien tenía una leve discapacidad intelectual, intentaba explicar que él no se robó ninguna moto, que él ni siquiera vivía ahí. El mismo funcionario que le disparó en el hombro, le pateo la cara y le disparó a quemarropa en la boca.
Mientras esto ocurría, una parte del grupo de funcionarios entró a la casa de Heidy, amenazando con matar a todos los que estaban adentro y preguntando por una moto que, al parecer, le habían robado al escolta de Freddy Bernal. Golpearon a la gente, incluyendo a la madre de Heidy que fue empujada. Revisaron las habitaciones en búsqueda de la moto robada. No encontraron nada. Los dos sobrinos de Heidy, son funcionarios de la PNB y se identificaron como tales frente a los otros funcionarios. No solo no les creyeron, sino que también fueron golpeados, particularmente uno de ellos que vestía camisa roja. En algún momento del allanamiento uno de los sobrinos logró hablar por teléfono con sus compañeros del cuerpo policial y pidió ayuda. Los 9 funcionarios huyeron del sitio, pero fueron detenidos a las pocas horas en el Centro de Coordinación Policial de la PNB en El Valle. Pero esa detención y las decenas de testigos, no han posibilitado aún, dos años y medio después, la llegada de la justicia.

Los mecanismos de impunidad

Los funcionarios involucrados tienen un trato diferencial por parte del sistema de justicia penal. Los tres funcionarios del FAES/PNB quedaron detenidos en una sede del FAES en Vista Alegre (Caracas). La familia ha recibido abundante información que señala que estos funcionarios salen frecuentemente de su centro de reclusión. Las audiencias preliminares del caso se suspendieron en 10 ocasiones porque estos tres funcionarios no fueron trasladados. Heidy pidió a la Defensoría del Pueblo apoyo en el caso y logró que el Director del FAES, José Miguel Domínguez, se comprometiera ante una alta directiva de esa institución a enviarlos a la audiencia. Sin embargo, nunca los envió. Cabe señalar que Domínguez es una persona de confianza del dirigente político Freddy Bernal, de quien uno de los implicados fue escolta. Pasados dos años y medio de haber sido detenidos esos funcionarios no han tenido audiencia. Se presume que esto es una táctica del cuerpo policial para victimizar a los victimarios y exigir su libertad plena.
Por otra parte, los otros 6 funcionarios de PNB obtuvieron en audiencia preliminar la medida de arresto domiciliario sin custodia policial. Tal laxitud, en un caso de homicidio intencional de dos adolescentes, pone en riesgo la vida de Heidy, que no solo es víctima sino también testigo y principal denunciante de los hechos.
La medida de arresto domiciliario fue otorgada el 17.09.20 por el tribunal 44 de Control Penal (AMC) en una audiencia en la que la Fiscal Auxiliar encargada de la Fiscalía 81 del AMC, Dra. Siul García, no convocó a Heidy, actuando a sus espaldas. Esa audiencia, además, ocurrió en medio del denominado Plan Cayapa, en el que se metió este caso de manera irregular, según informó posteriormente personal directivo del Ministerio Público. Heidy y Surgentes (Colectivo de DDHH que la acompaña en su lucha), denunciaron estas irregularidades ante el Ministerio Público, logrando el cambio del Fiscal del caso; así como el apoyo para solicitar medidas de protección a favor de Heidy (que pese a ser aprobadas por un tribunal, nunca se concretaron).
El nuevo fiscal asignado al caso (Fiscalía 94 Nacional), al revisar el caso, descubrió que en el Tribunal de Control habían sido sustraídos la mayoría de los medios de prueba del expediente, con lo cual había pasado a juicio con debilidad, preparando el terreno para una condena leve o la absolución.
En cada paso del proceso, Heidy descubre y enfrenta irregularidades que van allanando el camino de la impunidad. La más reciente es la inmovilidad del caso. El juez que llevaba el caso de los 6 funcionarios de PNB fue cambiado y no existe fecha de juicio, desde hace más de 6 meses. Heidy ha señalado muchas veces que no tiene miedo y que no se va a rendir, que no la van a cansar. No va a parar hasta que se logre justicia para su hijo y su sobrino, lo que también evita que otras familias del barrio pasen por el mismo dolor que ella vive.

#NoMasEjecucionesEnElBarrio

Prensa Surgentes

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