Pronunciamiento de Surgentes sobre la movilización popular del pueblo colombiano y la respuesta estatal

Ante la preocupante  escalada represiva por parte de los cuerpos de seguridad del Estado colombiano en contra del pueblo que se ha movilizado y se encuentra en las calles manifestando en ejercicio de su legítimo derecho, Surgentes (Colectivo venezolano de DDHH) se pronuncia en los siguientes términos:

Desde el día 28 de abril de 2021, fecha en la que en Colombia se convocó a un Paro Nacional, la violencia institucional ejercida por la fuerza pública y en particular por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), ha venido escalando, colocando a la población en una situación de grave vulneración de sus legítimos derechos a la protesta pacífica, a la vida, a la libertad, a la integridad personal, a la presunción de inocencia y al debido proceso. Todos derechos consagrados en el ordenamiento jurídico interno e internacional que el Estado colombiano está obligado a garantizar.

La organización no gubernamental colombiana de derechos humanos Temblores, a través de su plataforma Grita, ha registrado entre el 28 de abril y el 6 de mayo de 2021, en el marco de las ocho jornadas de protesta, 1728 casos de violencia policial, distribuidos en: 37 víctimas de asesinato por parte de la policía, 26 víctimas de agresión ocular, 98 casos de heridos por armas de fuego, 234 víctimas de violencia física por parte de la fuerza pública, 11 casos de abuso sexual por parte de funcionarios policiales, 934 detenciones arbitrarias y 341 intervenciones violentas por parte de la fuerza pública.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo, entregó a la Fiscalía un reporte, hasta el 3 de mayo, de 89 personas desaparecidas en el marco de las jornadas de protesta. Estas agresiones se han producido principalmente en las ciudades de Bogotá, Cali, Yopal, Neiva, Ibagué, Pasto, Villavicencio, Medellín y Barranquilla. La mayoría de estas víctimas son jóvenes e incluso algunos menores de edad.

A pesar de la gravedad de estas denuncias y de los innumerables testimonios audiovisuales que las corroboran, el gobierno colombiano presidido por Iván Duque, no sólo no ha condenado de manera enfática el uso excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, sino que además ha creado condiciones para que se incremente, con la implementación de la figura de asistencia militar, que permite a las Fuerzas Militares apoyar a los cuerpos de policía en el ejercicio de sus funciones.

Por su parte, la actuación de la Fiscalía General de la República y de la Defensoría del Pueblo ha sido claramente parcializada y tardía. En el caso de la Fiscalía, su vocero principal, el Fiscal General Francisco Barbosa, tomó posición pública desde el inicio de los hechos señalando, sin pruebas, a los manifestantes como vándalos o asociados a grupos terroristas, vulnerando el principio de inocencia, y aumentando los riesgos de sufrir violencia como consecuencia de esa estigmatización; mientras que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, se pronunció de manera tardía, sobre los hechos denunciados, siendo recién el 5 de mayo, ocho días después de iniciado el Paro, que acuerda constituir una mesa interinstitucional para registrar las violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas. Estas actuaciones configuran de hecho una omisión de sus responsabilidades como garantes de los derechos humanos de la población.

En este contexto de escalada y desprotección, constituye motivo de especial preocupación para Surgentes, la activación de acciones por parte de la fuerza pública destinadas a producir terror en la población en una clara intención de hacerla desistir del ejercicio legítimo de la protesta y de las luchas del pueblo colombiano por acceder a condiciones de vida dignas y justas.

Entre estas acciones destacamos:

1. La realización de operativos en horas nocturnas acompañados de un desproporcionado despliegue de fuerza potencialmente mortal sobre zonas residenciales, especialmente populares, que han constituido el bastión de las manifestaciones. Diversos testimonios audiovisuales muestran tanquetas de control de orden público disparando de manera indiscriminada sobre viviendas en las que se encuentran sus moradores, sin que exista ningún hecho que lo justifique.
2. La realización de disparos con armas de fuego y desde helicópteros sobre la población manifestante lo que constituye una abierta contravención de los estándares internacionales sobre uso proporcional de la fuerza, toda vez que dicha fuerza potencialmente mortal se ejerce sobre población que se encuentra en clara situación de indefensión.
3. La persecución y agresión física con bastones policiales, patadas, puños, etc. sobre jóvenes desarmados y en situación de indefensión que se encuentran en las manifestaciones o transitando por zonas residenciales.
4. La detención masiva y arbitraria de personas en el contexto de las manifestaciones, y que en por lo menos 89 casos configuran desaparición forzada, en tanto se desconoce el paradero y estado de salud de esas personas.
5. La incitación y práctica de violencia sexual, especialmente en contra de las mujeres. Además de los 10 casos documentados por las organizaciones de DDHH sobre abuso sexual, se ha denunciado que funcionarios policiales incitan a sus compañeros a este tipo de práctica durante las detenciones de mujeres ocurridas en el marco de las manifestaciones.
6. El uso de instalaciones educativas por parte de fuerzas militares y policiales para operativos de control del orden público en abierta contravención a las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Por todo ello, Surgentes:

1. Condena el uso de las armas en contra del pueblo que, de forma pacífica y organizada, ejerce su derecho a la manifestación consagrado en el ordenamiento interno de Colombia y en los tratados internacionales de derechos humanos.
2. Rechaza la estigmatización en contra de los sectores en lucha y el llamado al uso de las armas en contra del pueblo que han realizado a los cuerpos de seguridad del Estado, altos dirigentes de la política nacional como el expresidente Álvaro Uribe Vélez; a la vez que la omisión del alto gobierno para condenarlo y detener dicha violencia.
3. Exige la estricta observancia de los principios del uso progresivo y diferenciado de la fuerza en el control estatal de las manifestaciones. El uso de la fuerza por parte del Estado colombiano, como señalan sus leyes nacionales y los acuerdos internacionales que ha suscrito, debe estar orientado por el principio de afirmación de la vida y la integridad personal de todes les manifestantes. Igualmente exige el inmediato cese de los operativos de control nocturno y el uso de instalaciones educativas para el control del orden público.
4. Exige al Estado colombiano investigar con celeridad las graves denuncias por violaciones a los derechos humanos realizadas en el marco del Paro Nacional, así como sancionar a los responsables teniendo en cuenta toda la cadena de mando, y adoptando las medidas necesarias para que hechos como estos no vuelvan a repetirse.
5. Exige a la Fiscal General de la República y al Defensor del Pueblo, cumplir de manera independiente y célere con sus obligaciones de investigar estos hechos, activar el aparato de justicia y procurar su sanción y reparación.
6. Exige al Estado colombiano respetar la importante labor de denuncia e información que vienen realizando las organizaciones de derechos humanos en el país, e insta a todas las autoridades públicas a brindarles la información y las condiciones de seguridad necesarias para que puedan continuar realizando su trabajo.
7. Se solidariza con el heroico pueblo colombiano que resiste y se levanta, que ya no aguanta la explotación de un sistema que, aún bajo las circunstancias tan críticas que atraviesa el mundo por la pandemia, no tiene prurito en intentar exprimirle hasta la última gota. Con Alí Primera, cantor del pueblo, les decimos:

       “Jala que el pueblo es cuero seco

       si lo pisan por un lado

       por el otro se levanta

       por algo tiene la piel

       florecida de esperanza”                                                                                                                       

#SoloElPuebloSalvaAlPueblo

Surgentes, Colectivo de DDHH

Caracas, 6 mayo de 2021

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