Importante es resaltar que, en todos los casos, existen testigos que señalan que nuestros muchachos no tenían armas ni municiones en el momento de su detención. También tenemos testimonios de varios funcionarios de la PNB que señalaron que sus superiores les pidieron cuotas de personas detenidas, lo que llevó a la detención de personas inocentes. Varios fiscales encargados de investigar los hechos ocurridos en la parroquia La Vega nos han expresado abiertamente a familiares y defensores, que, pese al poco sustento probatorio en los casos, la orden que han recibido es acusar. Frente a ello, el mecanismo que algunos fiscales han encontrado para reducir las injusticias respecto a las personas inocentes vinculadas por la policía con estos hechos, ha sido disminuir la calificación penal de los hechos investigados para tener la posibilidad de conceder medidas cautelares y que el juicio continúe en libertad, pero aseguran que no están dispuestos a dictar un auto conclusivo de sobreseimiento pues temen que una decisión como esa, los convierta en sospechosos de tener alguna vinculación con las bandas que son objeto de persecución con estos operativos, o de ser señalados de haber recibido alguna contraprestación económica por la misma.

Estas injusticias se ven seriamente agravadas por las terribles condiciones de reclusión en que se encuentran nuestros muchachos en los centros de detención policial ubicados en la Zona 7 de Boleíta, San Agustín y La Yaguara, caracterizadas por cobros ilegales de hasta $5 por visita y de $1 para salir de la celda a tomar un poco de sol y aire; hacinamiento; difícil acceso a agua potable y sin un espacio adecuado para hacer sus necesidades fisiológicas, las cuales se ven obligados a realizar en la celda sin ningún tipo de intimidad, ni baño o letrina y utilizando dispositivos como botellas plásticas, bolsas o barcos de papel que luego son depositadas en una bolsa negra.