El Comité por los Derechos del Pueblo informa que desde hace varias horas se ha presentado una situación irregular en el Centro de Detención Policial, Zona 7 ubicado en Boleíta, Caracas, donde se encuentran cuatro de las personas que nuestro Comité viene acompañando desde hace dos años, luego de que fueron injustamente detenidos y judicializados sin pruebas. Se trata de Maikel y Junior Sequera, Ramsés Rodríguez y Manuel Núñez.

La información que hemos recibido indica que se trata de un intento de motín ocasionado por la suspensión de las visitas, luego de que el pasado domingo 23 de julio, 7 personas se fugaran de dicho centro policial. Consideramos que la situación que se vive en Zona 7 es un acumulado de las tensiones que ocasionan las indignas condiciones de reclusión que padecen cientos de personas que se encuentran en esos centros. No se trata de situaciones aisladas ya que en días recientes un grupo de reclusos de un centro de Detención Policial, ubicado en el estado Aragua, protagonizó una situación de amotinamiento, lo que debe ser un llamado de alerta para las autoridades frente a las causas estructurales que ocasionan estos hechos.

Desde nuestro Comité, hemos denunciado en reiteradas oportunidades que los Centros de Detención Policial no presentan las condiciones adecuadas para atender las medidas de privación preventiva de libertad que, debido a la inaplicación de facto del principio de juzgamiento en libertad existente en nuestro ordenamiento jurídico, crecen exponencialmente.

Estos centros de detención que no fueron construidos para albergar población reclusa, no cuentan con lugares debidamente acondicionados para que la población pueda desarrollar su vida en condiciones dignas. Existe un alto nivel de hacinamiento, inadecuada ventilación, ausencia de agua y condiciones de higiene que propician que sean un foco permanente de enfermedades altamente contagiosas, las cuales no son atendidas a tiempo ni adecuadamente, lo que que ya cobró la vida de José Felix Máiz, en el mes de enero de 2023, uno de los 5 de La Vega que acompañaba nuestro Comité. Además, la mala alimentación expone a los `privados de libertad a graves cuadros de desnutrición.  

A ello se suma el permanente cobro de cuotas por parte de los funcionarios, para permitir las visitas o para que puedan salir a tomar aire, hacer deporte ocualquier otra actividad lúdica, todo lo cual constituye una vulneración de los derechos de las personas privadas de libertad garantizadas en nuestra constitución.

Ante esta situación que se presenta hoy en el Centro de Detención Policial de Zona 7 y que evidencia la responsabilidad del Estado en la garantía de los derechos a la vida y la integridad de las personas privadas de libertad, exigimos:

• Se apliquen los más estrictos protocolos de respeto y garantía de los derechos humanos en el control de la situación, evitando hacer un uso desproporcionado de la fuerza y protegiendo en todo momento la vida y la integridad de Maikel y Junior Sequera, Ramsés Rodríguez, Manuel Núñez y todas las personas privadas de libertad que se encuentran en estos momentos en el Centro de Detención Policial de Zona 7.
• Mientras perdure la situación, se cree una comisión de enlace entre familiares y funcionarios que mantenga oportuna y adecuadamente informados a los familiares que se encuentran en las adyacencias del Centro de Detención Policial, de los hechos que están ocurriendo en el interior del lugar.
• Se adopten de forma inmediata las medidas que aseguren que esta situación no vuelva a repetirse entre ellas:

1. Se otorguen las medidas sustitutivas a la privación de libertad que contempla nuestro ordenamiento jurídico y que permitirían descongestionar los Centros de Detención Policial.
2. Cesen los cobros irregulares a los privados de libertad y sus familiares por el ejercicio de derechos que les corresponden.

Caracas, 25 de julio de 2023

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