Martha Lía Grajales Pineda

Surgentes Colectivo de DDHH

Los titulares de algunos medios de comunicación caracterizaron las movilizaciones que se presentaron este jueves 8 de febrero en Bogotá, y que concluyeron en las inmediaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como un asedio a la máxima autoridad judicial del país. En los mismos términos se pronunciaron varios líderes y lideresas políticas del país, y alertaron sobre un riesgo de quiebre institucional promovido desde el gobierno. Lo que indican los hechos, sin embargo, es todo lo contrario. El asedio lo está sufriendo el pueblo y el Gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez y recientes acontecimientos, además de la demora injustificada en la elección de la Fiscal General de la Nación, así lo demuestran.

Hace unos días la Procuraduría suspendió por tres meses al Canciller por lo que consideró irregularidades en un proceso de licitación relacionado con la fabricación de los pasaportes, en el que no se ha concretado, por cierto, ningún daño patrimonial a la Nación. Por supuesto, no se trata de deslegitimar las investigaciones que resulten pertinentes frente a eventuales intereses indebidos por parte del Canciller o cualquier miembro de su familia en un proceso de contratación pública, pero sí llama la atención la minuciosidad y el doble rasero en la contraloría que se hace según sea el gobierno del que se trate, pues, la ministra de las TIC durante el gobierno de Duque, que “embolató” 70mil millones para la conectividad de las niñas y los niños más pobres de Colombia, no tuvo ningún tipo de sanción penal, administrativa, ni disciplinaria por esos graves hechos. ¡Nada!   

Otra situación similar es la relacionada con el financiamiento de las campañas. Durante el gobierno de Duque varias grabaciones telefónicas de alias “Ñeñe Hernández”, un narcotraficante colombiano, lo relacionan con una compra de votos a favor de Duque. Pese a la existencia de estas graves evidencias, la Fiscalía decidió archivar el proceso de investigación sobre estos hechos. En el gobierno de Petro, en cambio, se asegura que FECODE, el principal sindicato de profesoras y profesores de Colombia, donó 500 millones de pesos a la campaña presidencial, de los que se asegura no fueron declarados, y la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia ordenan allanar y abrir una investigación penal en contra del sindicato. 

Nuevamente no se trata de desconocer la legitimidad de investigar la licitud de los aportes en las campañas electorales, sino del doble rasero con el que se utilizan, lo que demuestra la instrumentalización política de los entes de control para atentar contra el derecho de autodeterminación del pueblo y avanzar hacia el objetivo que se han trazado y que tan transparentemente planteó María Fernanda Cabal hace pocos días en una reunión política: “no hay que dejar que Petro se quede 4 años”.

En ese sentido, que el pueblo colombiano se movilice en respaldo del gobierno que democráticamente eligió y exija a la Corte Suprema de Justicia que cumpla con su deber, lejos de configurar un asedio, es más bien el ejercicio de un derecho legítimo. ¿No deberían ser públicos los argumentos de las magistradas y los magistrados para no escoger a la Fiscal de la terna presentada desde hace 4 meses por el presidente Petro, con candidatas que tienen de sobra las credenciales académicas, de experiencia y éticas para asumir este importante cargo? ¿Acaso no tenemos derecho a saber cuáles son las razones con las que justifican su inacción y a movilizarnos para exigirles que hagan lo que les corresponde?  Más aún si se tiene en cuenta que la falta de decisión por parte de la Corte Suprema de Justicia deja a la Vice Fiscal, Marta Mancera, como Fiscal Encargada. Mancera, actualmente enfrenta graves señalamientos por encubrir a un directivo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía de Buenaventura, de quien existen pruebas que era el encargado de liderar la contaminación de los buques en el puerto del Pacífico para llevar cocaína a Centroamérica y Europa.  

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