Surgentes, colectivo de DDHH, lamenta la suspensión por parte del Gobierno de las actividades en Venezuela de la Oficina Técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). En el cumplimiento de nuestra misión de fortalecer el poder popular para la exigibilidad y autotutela de los derechos de los sectores estructuralmente discriminados, hemos solicitado y recibido de manera constante el apoyo de esta Oficina, que se encuentra en el país como parte de un acuerdo de cooperación con el Estado venezolano.

En un contexto de excepcionalidad (impuesta tanto por los intentos insurreccionales e injerencistas de sectores de la derecha nacional e internacional, como por la respuesta a esto dada por el Gobierno nacional), la institucionalidad venezolana protectora de los derechos humanos ha resultado radicalmente debilitada. Las gestiones que la Oficina realiza ante el Estado frente a denuncias que le hemos presentado, nos ha permitido, en algunos casos, avanzar hacia el logro de la justicia y, en otros, reducir los efectos negativos sobre las víctimas, razón por la cual valoramos positivamente su trabajo. La Oficina Técnica constituye, en el actual contexto venezolano, una garantía para la protección de los derechos humanos. Suspender sus actividades tiene un impacto negativo en las víctimas de violaciones a los DDHH cuyos casos monitorea.

El Estado ha motivado su decisión en lo que considera una actitud “colonialista”, “sesgada”, “parcializada” y de “bufete de golpistas” por parte de la OACNUDH. En efecto, el colonialismo disfrazado de discurso de DDHH, el doble rasero, y la instrumentalización de los DDHH es una práctica común de gobiernos, instituciones, organizaciones y medios de la derecha internacional. Sin embargo, desde la experiencia de Surgentes, esos adjetivos no se corresponden con la actuación de la Oficina Técnica en el país. Haría bien el Estado en sustentar sus razones con hechos, para promover el debate público sobre la legitimidad de la medida tomada. Ante esa omisión, la decisión luce como una respuesta arbitraria al pronunciamiento de la OACNUDH frente a la detención de la activista Rocía San Miguel, en la que, por cierto,  de manera muy obvia, hubo distintas violaciones a sus derechos humanos: fue incomunicada, no ha contado con la defensa técnica adecuada (no pudo nombrar un abogado de su confianza), fue negada su presencia en los principales centros de detención a los que sus familiares acudieron (entre ellos el Helicoide, en donde efectivamente estaba) y fueron detenidos su hija y familiares (lo que puede entenderse como un ejercicio de coacción). Esas prácticas ya configuran un patrón de violación a los DDHH por parte del Ministerio Público, las policías políticas y la Defensa Pública.

Las han vivido antes, decenas de trabajadorxs detenidos arbitrariamente por reclamar sus derechos o denunciar corrupción (entre ellos Alfredo Chirinos y Aryenis Torrealba) o jóvenes del barrio utilizados como “falsos positivos” de operativos antibandas.

Desde Surgentes, hacemos votos por que pueda resolverse este impasse a través del dialogo y los medios diplomáticos para la pronta reactivación de la OACNUDH en el país.

Caracas 16 de febrero de 2024

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