El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), organización comprometida desde hace 40 años con la defensa y protección de los derechos humanos de los sectores históricamente excluidos y discriminados en Ecuador, recientemente ha denunciado graves violaciones ocurridas en el contexto del Decreto de Estado de Excepción 110, promovido por el presidente constitucional del Ecuador, Daniel Noboa, que facultó el ingreso de las Fuerzas Armadas en los centros penitenciarios para su recuperación interna.

Las denuncias públicas y las acciones judiciales impulsadas valientemente por el CDH, lograron que las Fuerzas Armadas permitieran el ingreso a los centros penitenciarios de funcionarios públicos para atender a personas privadas de libertad que requerían medicinas y atención médica. Como respuesta a estas acciones, así como a las resoluciones judiciales que las respaldaron, se desarrolló una fuerte campaña de estigmatización y desprestigio, que ha puesto en riesgo la labor de defensa y protección de los derechos humanos en el país.

En relación con estos hechos, la Plataforma Nuestramericana por los Derechos Humanos, espacio de articulación conformado por 23 organizaciones de América del Sur, expresa su profunda solidaridad y respaldo al trabajo serio y comprometido que viene realizando el CDH por la defensa y protección de los derechos de las personas más desprotegidas en Ecuador; al tiempo que exige al gobierno del presidente Daniel Noboa, así como a las demás autoridades estatales, abstenerse de proferir declaraciones estigmatizadoras en contra de las organizaciones y personas defensoras de derechos humanos con ocasión de su trabajo y, por el contrario, brindar todo el apoyo y protección en el contexto de su labor.

Por último, llamamos la atención del pueblo ecuatoriano en general para no ceder a falsos dilemas que plantean la necesidad de sacrificar las garantías democráticas y la vigencia de los derechos humanos en pos de la anhelada seguridad. Innumerables evidencias en la región y en el mundo demuestran que políticas de seguridad reactivas, que van a los efectos y no a las causas, a la larga resultan insuficientes para lograr una disminución sostenible de la violencia delictiva y la victimización que esta conlleva. Por el contrario, aumentan la inseguridad convirtiendo a los agentes estatales en actores de una violencia discrecional, que suele victimizar a los sectores populares. Solo la garantía y expansión de los derechos humanos, en el marco de un proceso de democratización del poder y la riqueza de nuestras sociedades, nos permitirán construir las sociedades justas, seguras, libres y dignas, a las que todxs apostamos.