El medio digital La Tabla denunció que, desde 16.02.24, los campesinos Rubén Delgado, Nelson Lepesqueur y Miguel Santamaría, de San Rafael de Canagua (estado Barinas), organizados en el Consejo Campesino «Chávez en El Graciero», fueron detenidos en el Destacamento 331 del Comando de Zona 33 de la Guardia Nacional y torturados, directamente, por el Cap. GNB Joyner Stewart Chaustre Sánchez.

Los pobladores del consejo campesino «Chávez en El Graciero» viven y producen desde hace dos años en una tierra que hoy es reclamada por «empresarios forestales» que aspiran explotar la madera de árboles centenarios que ello no sembraron. Se trata de unas 120 hectáreas propiedad de la nación, que estaban improductivas hasta que los campesinos, haciendo uso de la Ley de Tierras, comenzaron a trabajarlas y solicitaron rescate y adjudicación. En medio de esa disputa, funcionarios militares de la zona se colocaron del lado del capital y en contra del pueblo y simularon hechos punibles para amedrentar a los campesinos y expulsarlos de las tierras. Los “empresarios”, según la denuncia de La Tabla, cuentan con el apoyo de Cruz García (@HumbertoGarBo), quien fuera diputado de la ANC apoyado por los partidos de la alianza de gobierno.

Desde 2016 Surgentes, colectivo de DDHH, identificó un cambio en las políticas públicas agrícolas signado por el abandono de los procesos de democratización de tierras rurales y de los campesinos que las estaban recuperando; la disminución del apoyo a la producción campesina y; la prioridad del apoyo estatal para el agronegocio y los representantes del capital. No fue sino hasta 2018 cuando el Ministro Castro Soteldo corrió el velo y explicitó la orientación de esa nueva política pública, en su programa “Cultivando Patria” N°99, señalando que era necesario cambiar el modelo económico para potenciar el sistema productivo nacional, con la burguesía nacional como protagonista.

El Estado no solo dejó de estimular procesos populares de democratización de tierras, si no que desde 2017 fue muy clara la alianza local entre terratenientes e instituciones del Estado (cuerpos de seguridad, Ministerio Público, jueces agrarios, funcionarios del INTI local). A lo interno de las instituciones existen, por supuesto, conflictos y tensiones. Por ejemplo, es justo reconocer que la acción del INTI nacional, desde 2021, ha sido favorable a los campesinos en múltiples casos de disputa por la tierra, aunque choca con intereses locales y no expresa un cambio en la orientación global de una política agrícola más favorable al capital.

La movilización campesina comenzó a ser respondida con procesos de criminalización. Un estudio de Surgentes identificó que entre enero de 2015 y agosto de 2020 ocurrieron 98 casos de represión a sectores campesinos por parte de cuerpos de seguridad del Estado en el marco de luchas por el acceso y la democratización de la tierra, registrándose: 22 desalojos y 12 intentos de desalojo de campesinos; 45 casos de detención arbitrarias (en contexto de desalojos o para intimidar a los campesinos en lucha); 13 casos de amenazas y; 8 casos de sicariato (Ver Informe Lee completo)

Los campesinos de San Rafael de Canagua han denunciado a través de La Tabla, que fueron víctimas de tortura y simulación de hecho punible, para criminalizarlos, intimidarlos y expulsarlos de sus tierras. Este último delito, según la denuncia de La Tabla, involucra tanto al Capitán Chaustre Sánchez como al fiscal Pablo Pimentel Pérez (fiscal 10, con sede en Socopó), así como a un juez local. Adicionalmente, el medio digital La Tabla denuncia que ha recibido denuncias anónimas para evitar que siga informando sobre este caso.

Desde Surgentes, exigimos al Estado; en particular al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo, que investigue las denuncias de torturas y simulación de hechos punibles, contra estos campesinos; así como las amenazas en contra de La Tabla. Adicionalmente, solicitamos al INTI que proteja a los campesinos de San Rafael de Canagua y actúe con celeridad para garantizar la seguridad jurídica de su tenencia de la tierra.

Caracas, 12 de marzo de 2024