Cuando se cumple medio año del inicio del ataque generalizado del Estado de Israel contra la Franja de Gaza, es necesario redoblar las condenas y las acciones de denuncia, para contribuir de manera efectiva a poner fin a la brutalidad que está teniendo lugar en los territorios ocupados. Desde Surgentes, colectivo de DDHH, asistimos indignados al ataque de las fuerzas de ocupación, al constatar desde el inicio las dimensiones de su respuesta a la acción armada de la resistencia palestina. En estas circunstancias, al cumplirse seis meses de acción genocida de la potencia ocupante en Gaza, y de incremento de la represión generalizada en Cisjordania, sumamos nuevamente nuestras voces al coro global de condena, repudio y exigencia de justicia.

La lista interminable de masacres y crímenes de guerra de la ocupación que se exponen casi en directo gracias a las redes sociales hace innecesario a estas alturas recalcar el saldo de violaciones al derecho internacional humanitario y a los derechos humanos derivado de la acción armada indiscriminada por parte del ejército ocupante. Tanto las agencias de la ONU como prestigiosas organizaciones de derechos humanos que en el pasado han sido reticentes a calificar los crímenes de Israel han certificado desde los más diversos ángulos el carácter indiscriminado, deliberado y criminal de la acción actual, lo cuál ha sido amplísima y suficientemente documentado por el gobierno de Sudáfrica en la petición que defendió el pasado mes de enero ante la Corte Internacional de Justicia para que juzgue a Israel por el delito de genocidio contra el pueblo palestino.

En su decisión preliminar, de carácter histórico, la Corte consideró “plausible” la acusación de genocidio contra la potencia ocupante. Entre otros aspectos, los llamados generalizados de altos funcionarios del gobierno de Israel a la eliminación o desplazamiento forzado de la población de Gaza y la toma del territorio y los seis meses continuados de bombardeos y acciones de guerra indiscriminadas con un saldo de más de 30 mil muertos – más de la mitad niños y mujeres -, la destrucción intencionada de infraestructuras civiles – incluidos centros sanitarios, escuelas y de asistencia humanitaria- y el bloqueo de la ayuda humanitaria y el uso del hambre como instrumento para forzar el genocidio son elementos que no dejan lugar a dudas acerca de la intención genocida de la actual ofensiva del Estado de Israel contra el pueblo palestino de Gaza. A ello se suman crímenes de guerra ampliamente documentados como lo son el asesinato deliberado de periodistas y trabajadores humanitarios y la devastación intencionada de los bienes culturales.

Si bien la acción de la resistencia armada palestina del 7 de octubre también dejó un saldo notable de muertes que es necesario lamentar, desde una perspectiva legal es también imperativo subrayar que se corresponde con el derecho a la resistencia armada de poblaciones bajo ocupación del territorio, que está recogido en el derecho internacional. A pesar de ello, tanto la potencia ocupante como los gobiernos cómplices de su acción genocida han pretendido obviar 75 años de brutal ocupación y casi 20 años de férreo bloqueo de la Franja de Gaza, y han buscado convertir dicha operación de resistencia armada y la retención de las personas tomadas como rehenes como una acción aislada. En realidad, como evidencian las decenas de informes de la Relatoría de las Naciones Unidas para los Territorios Ocupados, así como incontables resoluciones de la Asamblea General de la ONU, el pueblo palestino vive desde hace más de tres cuartos de siglo bajo un régimen de ocupación que incluye la restricción o denegación de todos los derechos humanos consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos.

La situación que enfrenta el pueblo palestino estaba preconcebida en la Declaración de Partición de la Palestina histórica, el instrumento de derecho internacional que dio lugar al establecimiento del Estado de Israel. Bajo la nueva Carta de las Naciones Unidas, adoptada al salir de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad de naciones entonces existentes se comprometió a crear un mundo descolonizado. Sin embargo, en mayo de 1948, el mismo año en que se adoptaría la Declaración Universal de los Derechos Humanos, las principales potencias impusieron la adopción de la resolución de partición, con el rechazo unánime de los países árabes y bajo la coerción a diversos países que habían manifestado oposición a dicha decisión – como recogen los documentos históricos de la naciente organización. El Estado de Israel es así un proyecto colonialista, que sigue ejerciendo el dominio sobre la población palestina en los territorios ocupados, así como llevando a cabo acciones de ampliación de la ocupación de territorio tanto en Cisjordania como en Gaza.

Es en este contexto que debe garantizarse, primero, el cese de la acción genocida contra el pueblo palestino de Gaza, y segundo, la implementación de medidas para llevar ante la justicia a los criminales de guerra que lo han perpetrado. Por otra parte, dentro de la complejidad política que representa la existencia de un estado racial discriminatorio, se debe avanzar hacia una solución que contemple el respeto a la autodeterminación del pueblo palestino en su propio territorio.

Surgentes, 10 de abril de 2024

Foto: Mural en el 23 de Enero, Caracas.