El pasado viernes 10 mayo, el Tribunal de Juicio de la ciudad de Barcelona, Estado Anzoátegui, que conocía la causa, emitió sentencia condenatoria contra Daniel Alexander Tomás Lares y Carlos Sebastián Itriago Ortuño, autores materiales de la muerte del líder campesino José Vicente García Castro, ocurrida en marzo de 2020. La sentencia en cuestión ordenó la privación de libertad por un lapso de 13 años y 4 meses, a los mencionados ciudadanos, luego de que éstos admitieran los hechos. Por este caso, ya se encontraba sentenciado, en libertad condicional, Luis Daniel Orsini, quien igualmente admitió haber participado en el asesinato en calidad de cómplice no necesario.

Se trata de una victoria parcial que llega luego de cuatro años de búsqueda incansable de justicia por parte de los familiares de José Vicente. Decimos que se trata de una victoria parcial porque la condena obtenida solo alcanza a los autores materiales del hecho, dejando por fuera al presunto autor intelectual, Carlos Rangel, terrateniente a quien José Vicente se había enfrentado en la lucha por el derecho a la tierra.

José Vicente fue brutalmente asesinado el 20 de marzo 2020 en los predios de la finca Santa Cruz, ubicada en los límites entre los estados Guárico y Anzoátegui. Su cuerpo fue quemado y descuartizado evidenciando una gran saña que solo se puede explicar porque buscaba tener un efecto aleccionador sobre quienes siguieran sus pasos en la defensa del derecho a la tierra. También pretendía amedrentar a sus familiares en la búsqueda de la justicia, cuestión que no lograron.

El asesinato de Vicente se produce en el marco de un proceso de recuperación de tierras que un grupo de más de 100 familias, acompañados por la Unión Comunera, inició desde el año 2019, una vez constatado que los predios de la finca Santa Cruz, en manos del terrateniente Carlos Rangel, para aquel momento, se encontraban abandonados. Las familias campesinas del sector, no tenían tierras para producir sus alimentos y padecían de una grave falta de agua, mientras que en la mencionada finca existían un número importante de hectáreas de vocación de uso agrícola, improductivas y de reservas de agua en desuso.

Es así, que amparados en el artículo 307 de la CRBV y en las disposiciones contenidas en la Ley de Tierras promulgada por el Comandante Chávez, que establecen el carácter social de la tierra y la obligatoriedad de convertirlas en unidades productivas, las familias campesinas agrupadas en los consejos comunales del sector, inician el proceso legal de recuperación de estas tierras. El 10 de enero de 2021, ante la ausencia de respuestas de los organismos competentes, se produce la toma de las tierras y se inicia su producción que hoy se encuentra activa.

Sin embargo, este proceso enmarcado dentro de la legislación vigente, no ha estado exento de graves vulneraciones a los derechos a la vida, la integridad y la libertad, como lo demuestra el asesinato de Vicente, la judicialización de varios campesinos que participan activamente en esta lucha y las constantes amenazas de desalojo de las que son objeto por parte de los terratenientes y las fuerzas de seguridad. Además, inexplicablemente, en los últimos meses, luego de que Carlos Rangel “cediera” las tierras a otro terrateniente, Gabriel Nasfal, éste ha obtenido una Carta Agraria por parte del INTI, que desconoce que estás tierras se encuentran en plena producción por parte de las y los campesinos, quienes son objeto de permanentes amenazas de desalojo[1].

El alevoso asesinato de Vicente, que ha llenado de tanto dolor a su familia y que pretende sin duda, amedrentar y paralizar la lucha por la tierra de las familias de la finca Santa Cruz, no puede ser en vano. Se requiere, que las causas estructurales que lo ocasionaron, cesen y se garantice que no habrá impunidad para quienes ordenaron tan abominable hecho, y para quienes, negando de facto el derecho a la tierra de estas familias campesinas, mantienen en riesgo sus vidas y su integridad.

Por ello, desde Surgentes exigimos:

• Que el Ministerio Público del estado Anzoátegui continúe la investigación sobre la responsabilidad intelectual del asesinato de Vicente García, en la persona del terrateniente Carlos Rangel, dado que existen elementos que permiten presumir su vinculación con tal hecho.
• Que lo organismos competentes, en particular el Instituto Nacional de Tierras (INTI), regularicen la situación de la tierra de las 108 familias de la finca Santa Cruz, otorgándoles la Carta Agraria correspondiente, garantizando su derecho a producirla y brindándoles toda la asesoría técnica y económica que requieran.
• Que se investiguen y cesen las amenazas de parte del terrateniente Gabriel Nasfal a las y los campesinos de la finca Santa Cruz.
• Que se cierren todas las causas abiertas a las y los líderes campesinos que han llevado adelante la recuperación de tierras de la finca Santa Cruz

LA TIERRA ES UN DERECHO, NO UNA MERCANCÍA

Caracas, 13 de mayo de 2024

[1] https://tatuytv.org/denuncia-familias-campesinas-permanecen-en-lucha-y-resistencia-en-el-estado-anzoategui/).

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