“Nuestros familiares son personas humildes de la frontera, presentadas por cuerpos de seguridad como terroristas solo para llenar cuotas de procedimientos. Son campesinos, ordeñadores y trabajadores a quienes les forjaron pruebas tras ser víctimas de desapariciones forzadas y torturas”, señaló Oglis Ramos, hermano de Jhonny Ramos, detenido desde 2021.

 

Durante la mañana de este jueves 29 de abril, los familiares fueron escuchados por la Defensora del Pueblo, Eglee González Lobato, quien escuchó cada uno de los testimonios, manifestó su disposición a facilitar justicia y adoptó medidas inmediatas a favor de la salud de algunos de los detenidos.

 

Posteriormente, en la tarde, fueron recibidos, por instrucciones del Fiscal General Larry Devoe, por la Directora de Derechos Humanos del Ministerio Público, Lucrecia Hernández, quien también escuchó directamente los testimonios de los familiares y se comprometió a revisar cada uno de los expedientes para corregir irregularidades, así como medidas inmediatas vinculadas con la salud de los detenidos.

 

Entre los casos presentados destaca el de Doris Izarra, abuela de Erwin Jesús Álvarez Izarra. El joven fue detenido por la DGCIM el 2 de junio de 2022 en Boca del Guaratarito, estado Barinas, cuando tenía 15 años: “Erwin fue golpeado y lanzado atado de manos al río varias veces. Estuvo desaparecido cinco días; cuando lo vimos, estaba lleno demorados y nos contó que lo obligaron a grabar un video. Lo condenaron a 10 años por terrorismo siendo apenas un niño que trabajaba como ordeñador”.

 

Asimismo, Nurys Villamizar narró la situación de sus hijos, Luis y Richard Domador, detenidos en San Cristóbal el 16 de marzo de 2022: “Estuvieron desaparecidos durante 8 días. Los llevaron al río Torbes y los arrodillaron mientras los funcionarios los amenazaban con matarlos. Habitantes de la calle que presenciaron eso comenzaron a gritar para que los soltaran. Los golpearon, los asfixiaron con bolsas, los colgaron por varios días. Los acusan de terroristas y ya el juez les dijo que el 5 de mayo los va a condenar”.

 

Antonio González Plesmann, integrante del colectivo de derechos humanos Surgentes, informó que han logrado documentar 67 casos similares en apenas dos meses. “La gente guardó silencio por 5 años, por temor y por falta de recursos para denunciar. La exclusión por pobreza y por geografía, facilitó que fueran utilizados como números por el DGCIM. Hay patrones claros en los casos de falsos positivos Tancol: tortura, desapariciones y forjamiento de pruebas. No pueden seguir siendo excluidos, ahora, de la posibilidad de ser amnistiados y que se inicie un proceso de reparación parcial del daño que el Estado ha causado a estas familias”

 

Prensa Surgentes, 30.04.26