El próximo 10 de julio se cumplen 4 años de la injusta detención de Andrés Bravo Pariaguán, un joven de 24 años de edad, quien fue privado de su libertad de manera arbitraria en el marco del Operativo de Seguridad Gran Cacique Guaicaipuro, como muchos otros jóvenes de nuestros barrios. Sin que estuviera cometiendo delito alguno, sin que mediara orden de detención y sin permitirle comunicarse con sus familiares, Andrés fue apresado y acusado de graves delitos.

Durante estos cuatro años de reclusión le ha sido negada a Andrés la posibilidad de demostrar su inocencia, pues todos los lapsos procesales se han irrespetado. El inicio del juicio ocurrió un año y siete meses después de la audiencia preliminar con innumerables incidencias debido a la ausencia de órganos de prueba y un reposo de la jueza que abarcó 4 meses. Hace más de un año que el juicio se encuentra detenido debido a la destitución de la jueza a cargo del caso, en junio de 2024 y a la inacción del nuevo titular del tribunal.

Ni la Defensa Pública a cuyo cargo se encuentra la representación de Andrés, ni el Ministerio Público, garante de los derechos humanos y el debido proceso en el país, ni los jueces y juezas que han conocido este caso, han demostrado el más mínimo interés por garantizar que se haga justicia, como si la vida de Andrés y tantos jóvenes como él no importara.

Hoy, luego de estos cuatro años de privación de libertad, en las indignas condiciones que ya conocemos que existen en los centros penitenciarios y que hemos denunciado en innumerables oportunidades, Andrés se encuentra atravesando una grave situación de salud, que ha obligado a recluirlo en el Hospital Vargas, presentando, pérdida de la visión, desorientación, color amarillento de la piel, delgadez extrema, entro otros síntomas. El sistema penitenciario también ha fallado al permitir que las condiciones físicas de Andrés se agravaran a tal extremo que ameritaran su hospitalización en estas delicadas condiciones.

Para nosotras y nosotros se trata de una situación muy dolorosa que nos recuerda el caso de José Felix Maiz, otro joven privado injustamente de libertad y cuya muerte ocurrió en enero de 2023, ante la indolencia del Estado venezolano al que recordamos que es su obligación proteger la vida de las personas privadas de libertad y garantizar celeridad en la administración de justicia y que le cabe responsabilidad legal por no hacerlo.

Ante esta situación exigimos al Estado venezolano que a través de los organismos competentes otorgue una MEDIDA HUMANITARIA a Andrés Bravo Pariaguan, que repare en parte el daño que se le ha hecho y que le permita ser juzgado en libertad, así como recibir la atención médica y cuidados que su salud requiere para recuperarse.

Así mismo exigimos que se acelere la reanudación del juicio por esta causa que afecta a nuestros familiares: Ramsés Rodríguez, Maikel y Junior Sequera, Manuel Núñez y Farid Díaz, Hecgerson Chaparro y Osmar Benítez quienes al igual que Andrés, llevan cuatro años esperando justicia.

Caracas, 3 de julio de 2025

Comité por los Derechos del Pueblo

Surgentes

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