Frente a la agresión militar estadounidense en territorio venezolano ocurrida en la madrugada de hoy sábado 03.01.26 y el secuestro de Nicolás Maduro y Cilia Flores, Surgentes, Colectivo de DDHH, se pronuncia en los siguientes términos:

Condena el acto de agresión y actuación colonial de EEUU

1.⁠ ⁠Ningún supuesto delito de un ciudadano venezolano justifica un ataque militar en nuestro territorio por parte de una fuerza militar extranjera. Lo ocurrido la madrugada del 03.01.26 es una vulneración del deber de abstención del “…uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado” (Carta ONU, art. 2.4) y constituye un acto de agresión, en los términos señalados por la ONU: “…cualquiera de los actos siguientes, independientemente de que haya o no declaración de guerra, se caracteriza como acto de agresión: a) La invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado del territorio de otro…; b) El bombardeo, por las fuerzas armadas de un Estado, del territorio de otro Estado, o el empleo de cualesquiera armas por un Estado contra el territorio de otro Estado; c) El bloqueo de los puertos o de las costas de un Estado por las fuerzas armadas de otro Estado; d) El ataque por las fuerzas armadas de un Estado contra las fuerzas armadas terrestres, navales o aéreas de otro Estado, o contra su flota mercante o aérea…” ( Resolución 3314 (XXIX), Asamblea General ONU, 14.12.74). Esta agresión debe ser condenada por todo el país y por toda la región, independientemente de las posiciones políticas de los pueblos o sus gobiernos. Tolerarla, es legitimar un orden internacional basado en la ley del más fuerte, el uso arbitrario de la fuerza y la imposición de la voluntad e intereses de los países poderosos.

2.⁠ ⁠Hasta el momento no hay cifras oficiales sobre el número de personas, civiles y militares, heridas o asesinadas en el contexto de los bombardeos de EEUU. Fuentes abiertas señalan la existencia de al menos 40 personas asesinadas, la mayoría soldados de bajo rango. Al menos una de las personas asesinadas, fue una civil, en Catia La Mar, como consecuencia del impacto de una bomba en un edificio residencial.

3.⁠ ⁠Entre las principales motivaciones señaladas por Trump en su rueda de prensa del 03.01.26 está su pretensión de “permanecer” y “dirigir” Venezuela y hacer que “pague una [inexistente] deuda petrolera”, que en otros espacios asocia a la nacionalización de 1976. Esa lógica colonial, que reedita con violencia la Doctrina Monroe, es violatoria del derecho humano a la autodeterminación de los pueblos, consagrado en el artículo 1 común a los dos principales pactos de derechos humanos de las Naciones Unidas, en los siguientes términos: “1. Todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación. En virtud de este derecho establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural. 2. Para el logro de sus fines, todos los pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales…”.

Responsabilidad de las elites e intereses y derechos del pueblo

4.⁠ ⁠Este escenario catastrófico al que hemos llegado, es responsabilidad directa de las elites que dirigen los dos principales bandos del espectro político. Los Poderes Públicos se concertaron para vulnerar la voluntad de las mayorías el 28J de 2024, aniquilando la democracia e instaurando una sistemática violación de los derechos humanos de los sectores populares y las diversas oposiciones. La oposición liderada por MCM pidió, celebró y facilitó la injerencia de EEUU y la actual agresión militar contra el país. Ambas elites, están dispuestas a entregar la soberanía y recursos naturales a cambio de mantener el poder o acceder a él. Ni EEUU, ni el gobierno de facto, ni la oposición proimperialista representan los intereses o derechos del pueblo venezolano.

Derechos de Nicolás Maduro y Cilia Flores

5.⁠ ⁠No es en EEUU en donde Maduro y Flores deben rendir cuentas por su responsabilidad en la sistemática violación a los derechos humanos en Venezuela, ni a partir de una vulneración de sus propios derechos. Fueron detenidos de manera arbitraria (secuestrados por una fuerza invasora), trasladadxs violando su integridad personal y serán procesados en un juicio evidentemente amañado, con testigos interesados que negocian su propia libertad o reducción de su condena, por hechos que no se corresponden con los análisis especializados de la ONU sobre el comportamiento del narcotráfico en la región.

Recuperación de la democracia, la soberanía nacional y los derechos humanos

6.⁠ ⁠El mejor escenario para los derechos humanos de las mayorías populares venezolanas es la negociación en vez de la guerra, la negociación en vez del caos, la negociación en vez de la destrucción económica sostenida y el hambre, la negociación en vez de la expropiación de nuestro conflicto por una o varias potencias extranjeras. Convencidxs de esto, proponemos al país la siguiente ruta de recuperación de la democracia, la soberanía nacional y los derechos humanos:

1. a) El secuestro de un presidente no está contemplado como una de las faltas absolutas explícitamente señaladas en el artículo 233 de la Constitución. Constituye, por tanto, una falta temporal (art. 234). En ese caso, el artículo 233 establece que procede la suplencia de la Vicepresidenta, hasta por 90 días, luego de los cuales la Asamblea Nacional puede decretar la falta absoluta y convocar a una elección presidencial en los 30 días siguientes. El fraude del 28J es una herida abierta para el pueblo venezolano y solo se puede cerrar haciendo valer los resultados del 28J (lo cual requeriría un improbable acto de fuerza) o convocando nuevamente a la soberanía popular (por lo que apostamos), en el marco de una negociación política entre los actores que son los principales responsables de nuestra catástrofe; así como de otras organizaciones políticas y sociales que expresen los derechos e intereses de los sectores populares.
2. b) En esos 90 días se debe convocar y poner en práctica un Acuerdo Nacional para la recuperación de la democracia, la soberanía nacional y los derechos humanos, del que hagan parte todas las fuerzas políticas nacionales y organizaciones representativas del pueblo, para facilitar una transición pacífica y el rechazo a la agresión e injerencia de EEUU.
3. c) En ese período la Asamblea Nacional debe nombrar un nuevo CNE creíble para todxs los actores y promulgar una Ley de Amnistía para todos los presos políticos del país. El Acuerdo debe incluir garantías políticas para todxs los actores políticos y la realización de nuevas elecciones dentro de 4 meses.
4. d) La gobernabilidad durante estos 4 meses y en los años sucesivos dependerá de la amplitud del Acuerdo democrático construido y, en particular, de la inclusión de las necesidades, demandas y derechos de las mayorías populares.

Caracas, 04.01.26

Descarga en PDF