Surgentes, colectivo de DDHH, se pronuncia en los siguientes términos sobre el proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática:

1.⁠ ⁠El objeto de la Ley debe ampliarse no solo a los delitos políticos y conexos, sino también otras infracciones, derivadas de procesos administrativos politizados, con graves consecuencia para el ejercicio de derechos, tales como las inhabilitaciones políticas de carácter administrativo o la anulación de pasaportes.

2.⁠ ⁠Los hechos señalados de manera taxativa son insuficientes para proteger centenares de casos de personas judicializadas por razones políticas. Entre ellxs, más de un centenar de trabajadorxs que fueron judicializado desde 2015 por: a) reclamar derechos laborales, b) expresar críticas, c) como retaliación por haber denunciado corrupción o, d) como chivos expiatorios de los verdaderos corruptos. Algo similar ocurre con medio centenar de campesinos que fueron arbitrariamente judicializados, desde el mismo año, por luchar por su derecho a la tierra, en un contexto regresivo en donde el Estado (en sus niveles locales, regionales y nacionales) se volvía a aliar con latifundistas para vulnerar el derecho a la tierra. Trabajadorxs y campesinxs en lucha, son defensorxs de derechos humanos de los sectores populares, perseguidos por la exigibilidad de sus derechos, en momentos de auge de políticas de flexibilización laboral y de regreso del latifundio. Mención aparte merecen los funcionarios militares acusados de cometer delitos militares. Sea real o no su participación en esos hechos, siempre que no hayan ocasionado muertes, deben ser también incluidos en la amnistía.

3.⁠ ⁠Proponemos eliminar la exclusión de delitos contra el patrimonio público, dado que ello excluiría a trabajadorxs que fueron acusados por ese tipo de delitos para acallar sus protestas o sus denuncias de corrupción.

4.⁠ ⁠La inmensa mayoría de las personas amnistiadas no cometieron ningún delito. Por ello, debe incluirse explícitamente un texto que señale que ser beneficiario de la amnistía no implica el reconocimiento de ningún delito o falta; ni inhibe la posibilidad de exigir una reparación integral por la violación a sus derechos humanos en el marco de los procesos de judicialización, detención o sanciones administrativas que sufrieron.

5.⁠ ⁠Para que el proceso tenga credibilidad; que ninguna persona que no lo merece sea amnistiada y que no quede ningún perseguido político sin ser beneficiado; proponemos una comisión de verificación conformada por las principales organizaciones de familiares de presos políticos, organizaciones de derechos humanos, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Asamblea Nacional.

Prensa Surgentes, 7 de febrero de 2026

Lee comunicado completo