Ayer, 05.05.26 fueron condenados a 30 años de prisión, tres personas que fueron detenidas, sin pruebas, en 2022, desaparecidas y torturadas por el DGCIM. Son “Falsos positivos de las operaciones contra los Tancol. Necesitaban mostrar números y agarraron a gente inocente, las torturaron para que asumieran delitos que no cometieron, los desaparecieron, no le garantizaron su derecho a la defensa, y ahora los tribunales están condenando a todos a 30 años. Basta de injusticia, exigimos amnistía ya para todos”, señaló Nurys Villamizar, mamá de Richard y Luis Alejandro Domador, dos de los condenados, junto a María Laura Rondón. Ya antes han sido condenados, también a 30 años, por los tribunales de terrorismo, otras personas cuyos familiares se agrupan en el Comité por la Libertad de los Falsos Positivos Tancol; entre ellos: María Gregoria Gómez (cocinera), Luis Silfredo Domínguez, Ángel Eduardo Cañas e Hiller José Bohorquez (trabajadores de una finca). El Comité ha documentado, en los últimos dos meses, 67 casos ocurridos, en su mayoría entre 2021 y 2022.

Las víctímas son personas pobres, de sectores alejados de las capitales, de los estados fronterizos, muy vulnerables ante los cuerpos de seguridad y los grupos irregulares. “Es una justicia penal clasista, que se ensaña contra los pobres. Puede detenernos, hacernos un montaje con pruebas falsas, torturarnos, acusar a campesinos, trabajadores, ordeñadores, cocineras, de terroristas, porque sabe que en la frontera es muy dihcil denunciar, porque no tenemos poder o dinero para hacernos oír, porque tenemos miedo a represalias”, denunció Oglis Ramos, hermano de Jhonny José Ramos, detenido en 2021 en Guasdualito.

En los últimos dos meses, los familiares agrupados en este Comité, han narrado sus tes8monios ante el Programa de Paz y Convivencia Democrácica, ante la Defensora del Pueblo y ante la Directora de Derechos Humanos del Ministerio Público. En todas estas instancias han encontrado receptividad y disposición a evaluar los casos; mientras que en los tribunales de terrorismo de siguen condenando a sus familiares, con las penas más altas. También, han solicitado, sin éxito, audiencia a la Comisión de seguimiento de la Ley de Amnis Ya, presidida por Jorge Arreaza.

Los familiares están exigiendo a la Defensa Pública que apele esta sentencia y le solicitan al Ministerio Público que revise su actuación y que ayude a corregir las injusticias que se han cometido en estos 4 años. “Hay distintas vías para comenzar a disminuir los daños que una justicia clasista, que criminaliza la pobreza, ha ocasionado a estas familias. La más adecuada, nos parece, es que sean amnistiados y puedan recuperar libertad plena lo más pronto posible”, señaló Antonio González Plessmann, Co-Director de Surgentes.

Prensa Surgentes, 06.05.26

Descarga en PDF