Hoy, en la afueras de la sede administrativa de la Asamblea Nacional, unas 30 familiares de personas excluidas de la amnistía alzaron su voz para exigir justicia y solicitar una audiencia con la Comisión de Seguimiento de la Ley de Amnistía. Participaron madres y parejas de detenidos post electorales del estado Falcón que aún no han sido liberados y, también, de jóvenes de las frontera, acusados sin pruebas, de terrorismo, en el contexto de lo que el gobierno llamó, en 2021 y 2022, los TANCOL (acrónimo de “terroristas, asesinos, narcotraficantes, colombianos”).

“Estamos aquí para exigir a la Comisión de la Asamblea Nacional que revise los casos de nuestros familiares acusados de ser terroristas, cuando lo que son es campesinos pobres de las fronteras. Son casos de falsos positivos TANCOL. Los militares tenían que mostrar éxitos y agarraban a gente pobre, los sembraban y los acusaban. Muchos familiares no tienen recursos para poder venir a la capital, son madres solteras y sus esposos o hijos llevan 4 o 5 años acusados sin pruebas, con juicios amañados”, declaró Oglis Ramos Garrido, hermano de Jhonny Ramos, detenido desde hace 5 años, en Guasdualito, y acusado de terrorismo. Oglis denuncia que a su hermano lo incomunicaron, lo golpearon, le sembraron un bolso y que en el juicio no hay pruebas.

Entre las manifestantes estaba Yadimir Moncada, madre de Iraima Acosta, quien fue detenida cuando tenía 18 años, en La Victoria (Apure), por la DIGECIM, cuando fueron a detener a un tío, en 2022. “Le metieron un tiro en la espalda para que el tío se inculpara. La amenazaron con violarla, la tocaron,  le metieron electricidad, la golpearon, y terminaron deteniéndola, acusándola también de terrorismo. Actualmente está en el INOF, delicada de salud”.

Aunque casi la totalidad de los presos post electorales fueron liberados, aún quedan 6 personas de ese contexto. Tres de ellos son pescadores de Falcón: Rafael Guedez, Roberto Pérez y Olbis Dirinot Chuello, que estuvieron desparecidos un mes, luego de ser detenidos por la GNB. También participó Lourdes García, madre de Renny González García, detenido post electoral de Maracaibo, por ser parte de un grupo de WhatsApp, en donde se discutía de política.

Surgentes insta a las autoridades a que no queden presos políticos por fuera de la amnistía. Los sectores más pobres y excluidos corren el riesgo de ser invisibles en este contexto y perpetuarse la injusta situación que vienen viviendo producto de un aparato penal clasista, selectivo y represivo.

Prensa Surgentes, 19.03.26

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