Por Eduardo Viloria Daboín

 Guasdualito. Trece de enero de 2023. Ocho treinta de la mañana. Pablo Marciales Mora Luna estaba en su oficina en el terminal de pasajeros «Pompilio Guerra», donde desde 2018 ejercía como administrador. Su desempeño eficiente en la recuperación y optimización del funcionamiento del terminal le habían valido una larga permanencia al frente de esa responsabilidad. Mora Luna es un hombre de su comunidad, un funcionario público de bajo perfil, de esos que cumplen su trabajo sin aspavientos y hacen que el transporte funcione, que los listines se vendan, que los pasajeros lleguen a su destino. Aquellla mañana su vida cambiaría para siempre.

Tres carros se estacionaron frente al terminal. No eran patrullas, o al menos no tenían los colores y logotipos institucionales. Eran vehículos oscuros, sin placas, de los que bajaron hombres vestidos de negro, encapuchados, armados. Irrumpieron sin mostrar orden judicial, sin dar explicación alguna. Encañonaron a Pablo Marciales, le pidieron la cédula, le preguntaron cuál era su oficina. Y entonces le dijeron que estaba detenido y que debía acompañarlos. Mora Luna, aún con la calma de quien no tiene nada que ocultar, preguntó el motivo. No hubo respuesta. Solo una amenaza:

—Acompáñenos por las buenas, porque si no, tendrá que ser por las malas.

—Bueno, yo no he cometido ningún delito, no hay problema, yo los acompaño—, les dijo finalmente.

En el terminal estaba una secretaria, una operadora, los fiscales de pista, los choferes y decenas de pasajeros, que fueron testigos. Un comisario de apellido Rojas, el único rostro visible entre aquellos encapuchados, le dijo que se quedara tranquilo, que él lo conocía. Pero la tranquilidad se desvaneció en cuanto lo montaron en la camioneta y empezaron las amenazas y el mal trato. Hasta entonces lo había llamado “señor”, “administrador”. Pero de allí en adelante y en la sede del DGCIM le iban a repetir hasta el cansancio cosas como “A esta rata la vamos a fregar. Métanlo para allá, que ahora lo vamos a poner a cantar”.

—Hermano, que yo sepa, yo no he hecho nada—, les dijo Pablo Marciales. —No tengo ningún problema, aunque no sé por qué estoy aquí, porque ustedes ni siquiera me han dicho por qué me están deteniendo.

Lo tuvieron esposado, encerrado en una celda. Le quitaron lo que tenía en su cartera: 50 mil pesos y 40 dólares que eran de su mamá. Además, en el momento de la detención, cuando se lo llevan preso, un grupo de funcionarios que se quedó en el terminal se llevó la moto de su hijo. Agarraron las llaves y le preguntaron a la secretaria que dónde estaba la moto, que si no les decía se la iban a llevar presa a ella también. Igalmente, se robaron el dinero de la venta de listines del terminal, que son fondos municipales.

Horas después, un funcionario lo sacó de la celda, le tomó una foto y le exigió que desbloqueara su teléfono, diciéndole en tono agresivo que el celular hablaría por él. Pablo Marciales entregó su contraseña sin temor alguno porque no tenía nada que ocultar.

Entonces empezaron a interrogarlo:

—¿Conoces a estas personas? —le preguntaron, mostrándole fotos de desconocidos.

Él respondía que no, y le replicaban que no mintiera, que claro que conocía a esa gente, que por más que lo negara iba a terminar confesando. Así transcurrieron horas, con amenazas veladas, promesas de violencia. Se trataba de un simulacro de interrogatorio donde lo que buscaban no era demostrar hechos sino arrancarle a Mora Luna una falsa confesión.

Mientras tanto, fuera, en las calles de Guasdualito sus familiares no sabían qué estaba pasando, dónde estaba Pablo Marciales, cómo estaba. Su madre, que es hipertensa, cayó hospitalizada al saber la noticia. Finalmente, lograron llevarle comida a eso de las cuatro de la tarde.

Al día siguiente, fue presentado ante un tribunal en Guasdualito. Allí le dijeron que debía ser trasladado a Caracas, porque el caso era competencia de los tribunales de terrorismo. Era evidente para Pablo Marciales que debía haber algún error. No imaginaba todavía que estaba comenzando a ser víctima del montaje de un falso positivo. Pensó esto cuando su abogado le informó de los cargos que, sin prueba alguna, le imputaban: financiamiento al terrorismo, contrabando agravado y asociación para delinquir.

En la noche lo trasladaron a San Fernando. Allí lo metieron en la ZODI, en una celda junto a otros detenidos: los señores José Gregorio Jiménez, Héctor García y Luis Carlos Luna. Todos también implicados falsamente en la misma causa fabricada. Fue allí donde Pablo Marciales empezó a entender qué estaba pasando. Los otros presos le explicaron que el asunto tenía que ver con la planta de gas: lo estaban implicando en algo falso, porque él no tenía nada que ver con el servicio del gas, su responsabilidad como funcionario era el terminal de pasajeros.

Los 16 días siguientes fueron una larga noche sin fin. Mora Luna y sus compañeros de celda estuvieron esposados día y noche, tirados en dos colchones, sin poder moverse ni siquiera para ir al baño, sin poder hablar con sus familias, incomunicados, sin saber cuándo terminaría aquello. Una noche finalmente los sacaron y los trasladaron, primero a San Juan de los Morros, luego a Caracas.

En el tribunal de terrorismo en Caracas, el juez Maximiliano Márquez los recibió. Pablo Marciales explicó una y otra vez lo único que podía decir, su verdad: no era gerente de ninguna planta de gas, nunca había trabajado para PDVSA ni para Gas Comunal Apure, era simplemente el administrador del terminal de pasajeros de Guasdualito. Aquello podía comprobarse de inmeditao si hubiera habido la intención de hacerlo. Bastaba con leer su nombramiento en gaceta, certificado por la Cámara Municipal del municipio Páez de Apure. Pero todo aquello no tenía qué ver con la verdad: se había activado el mecanismo de montaje de un falso positivo y nada lo iba a detener. En aquel momento le dijeron que estaría 45 días detenido en proceso de investigación. Lo llevaron a Boleíta, luego a El Rodeo, donde permanece injusta e ilegalmente preso desde el 7 de febrero de 2023.

Cuando se cumplían los 45 días, en abril de 2023, debía realizarse la audiencia preliminar, pero el juez de la causa fue detenido y un nuevo juez asumió el caso, que fue defirido 11 veces. En una de esas audiencias, el juez les ofreció un trato: que aceptaran los cargos y los sentenciaban solo a cinco años. Pablo Marciales Mora y todos los demás se negaron. No habían cometido ningún delito. ¿Por que habrían de aceptar lo contrario?

Después vino otro juez, Giovanni Rodríguez, y el caso siguió su curso lento, burocrático, indiferente a la injusticia que el mismo Estado está cometiendo: ya son tres años lo que estos hombres han perdido de sus vidas sin haber cometido ningún delito.

El caso es realmente una infamia. Todo lo que se supone que inculpa a Pablo Marciales hace aguas por todas partes. Todo es mentira y se cae por sí solo. Pero nadie investiga realmente, nadie en el sistema de justicia busca relmente que en este caso se haga justicia. La fiscalía sostiene que Mora Luna era el gerente de la planta de gas de Guadalito y que fue detenido allí, pero ninguna de las dos cosas son ciertas. No fue detenido en ninguna planta de gas. Fue arbitrariamente detenido en el terminal de pasajeros. No era gerente de nada, era administrador del terminal. Nunca había sido nómina de PDVSA. Nunca había manejado un solo cilindro de gas. Sin embargo, en el expediente aparece la declaración de un funcionario que afirmó haber ido a buscarlo en la planta. Una mentira, una declaración falsa que, al estar violentado completamente el debido proceso, basta para que la vida de un hombre transcurra en una celda, en una espera interminable.

Esta historia, contada por los pocos familiares que pueden visitar a Pablo Marciales de vez en cuando, ya que el régimen de seguridad que implican los supuestos delitos que le imputan permiten únicamente la visita de la esposa y la madre, son un intento desesperado para que se sepa la verdad y se haga justicia. Sus testimonios son la única posibilidad de contar lo que pasó, de que alguien lo escuche, de que Marciales y los otros falsos positivos no sean solo nombres en una lista.

Con este relato, en el que otros asumen la voz y la defensa de Pablo Marciales, no se busca pedir perdón ni clemencia. Se busca exigir justicia. Se busca que un grupo de personas, secuestradas por el Estado, torturadas psicológicamente, acusadas sin pruebas de terrorismo, salgan del limbo judicial al que han sido condenados y puedan recuperar la libertad que nunca han debido perder.

Mientras tanto, Pablo Marciales Mora Luna sigue preso. Su caso, como tantos otros, duerme en los archivos de un tribunal que no juzga, que solo administra la espera. Las pruebas que presentó su defensa siguen ahí, en un expediente del que, actualmente, ha sido informada la Comisión de Seguimiento a la Ley de Amnistía, la Comisión de la Asamblea Nacional para la Revolución Judicial y la Comisión para la Convivencia y la Paz, para que revisen el caso y hagan justicia.

La vida de Pablo Marciales Mora Luna, de sus compañeros de causa fabricada y de muchísimos otros más depende de ello.

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