Surgentes, colectivo de DDHH, se pronuncia en los siguientes términos sobre las elecciones presidenciales del 28.07.24, el anuncio oficial de resultados y los hechos posteriores:

 Sobre el proceso electoral y la credibilidad de los resultados anunciados oficialmente

1. Un pueblo puede autodeterminarse (decidir colectivamente sobre su modelo político o económico, elegir sus autoridades, decidir asuntos de interés, etc.), solo a través de mecanismos democráticos y del ejercicio de los derechos políticos. Desde, al menos 2016, el conflicto político venezolano se desbordó de los márgenes constitucionales e institucionales, en medio de la caotización de la economía y ello fue erosionando radicalmente el ejercicio y disfrute de los derechos de la población, incluyendo su derecho a la autodeterminación. Toda la clase política (la élite dirigente del Estado y la que hegemoniza la oposición); así como EEUU y otros países injerencistas, tienen responsabilidad directa en la degradación del conflicto.
2. Las elecciones del pasado 28.07.24 eran una oportunidad para reconstitucionalizar el conflicto a partir de la recuperación del protagonismo del pueblo en la decisión sobre su futuro. Pese a que no se trataba de una elección plenamente competitiva (por la judicialización de partidos políticos, la obstaculización para la inscripción de algunos candidatos opositores o inhabilitaciones administrativas, las detenciones arbitrarias de militantes de oposición, el uso de recursos del Estado para la campaña, los obstáculos para la inscripción de nuevos votantes en Venezuela y en el exterior, las medidas coercitivas unilaterales, etc.), la jornada permitía contarnos. Los problemas del sistema electoral venezolano no se concentran en su plataforma automatizada para expresar, transmitir y totalizar los votos y sus protocolos de transparencia y auditabilidad que, por el contrario, tienen una solvencia reconocida por expertos de todo el espectro político. En efecto, el 28.7.24 hubo una muy alta participación popular, los hechos de violencia fueron pocos y aislados, y las mayorías pudieron expresarse a través del sistema automatizado, que funcionó bien hasta después de cerrada la mayoría de las mesas.
3. Lamentablemente, un conjunto de hechos y denuncias impiden considerar válido el anuncio de resultados realizado por el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Elvis Amoroso, la madrugada del 29.07.24, frustrando por ahora las expectativas de reinstitucionalización y reconstitucionalización del conflicto político y abriendo paso a hechos de violencia. Destacamos los siguientes: a) una vez cerrados los centros electorales e iniciada la transmisión de datos a la Sala de Totalización del CNE, el proceso se interrumpió, debido a que, según informó el presidente del ente, se produjo un hackeo al sistema automatizado, realizado desde el exterior; b) el candidato Enrique Márquez denunció que el Boletín N°1, leído por el Rector Elvis Amoroso, el 29.07.24, en el que se señala el triunfo del presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, no fue impreso en la Sala nacional de totalización, tal como impone el protocolo de este proceso, que implica la presencia de testigos de las organizaciones políticas participantes y sus técnicos. Tal denuncia no fue desmentida por el ente comicial; c) el presidente del CNE se apresuró a anunciar como ganador al presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, con una diferencia de unos 700.000 votos por arriba de quien habría llegado en segundo lugar (Edmundo González), pese a que faltaba un 20% de actas por escrutar (equivalente a unos 2.000.000 de votos), lo que podría modificar el resultado; d) el equipo del candidato Edmundo González denunció una radical incompatibilidad entre el resultado anunciado por el presidente del CNE y la totalización del 80% de las actas acopiadas por esa fuerza política; e) transcurridos 5 días desde la ocurrencia del proceso electoral, el CNE no ha publicado el Boletín N°2 con los datos definitivos, ni los resultados desagregados, mesa por mesa, como ha sido costumbre en todos los procesos electorales automatizados realizados en Venezuela durante la Revolución Bolivariana, a excepción del proceso constituyente realizado en 2017 y el referendo por el Esequibo realizado en 2023. Esto impide que la ciudadanía realice una verificación del proceso y; f) adicionalmente, entre los días 29 y 31 se produjo en las principales ciudades del país una intensa y masiva movilización popular de indignación frente al anuncio de resultados presentado por el rector Amoroso. La movilización ocurrió en sectores populares, que en el pasado reciente fueron bastiones del chavismo. Estos hechos y denuncias empañan la credibilidad del Boletín N°1 del CNE.

 Sobre las manifestaciones, hechos de violencia y represión

4. La inmensa mayoría de las manifestaciones populares tuvieron un carácter pacífico, popular y espontáneo. Las imágenes en redes sociales que circularon profusamente, los testimonios de organizaciones aliadas en varios estados del país y la propia constatación en terreno que realizamos, mostraban personas de todas las edades caceroleando, realizando marchas improvisadas o lanzando consignas. Sin embargo, en algunas de estas manifestaciones también se presentaron hechos de violencia en contra de militantes de la Revolución Bolivariana, casas del partido de gobierno, así como en contra de monumentos y sedes de establecimientos públicos, dentro de los cuales destaca como uno de los más graves, las agresiones en contra de militantes del Psuv y una radio comunitaria en Carora (Edo. Lara). Surgentes también ha conocido denuncias de casas de militantes chavistas marcadas con tiza o pintura, como expresión de odio político y amenaza de futuras agresiones. La vida, integridad y seguridad de esos compañeros y compañeras se encuentra en un alto riesgo.
5. Ante estos hechos, la respuesta por parte del gobierno nacional ha sido en términos generales criminalizadora de la protesta, sin diferenciar aquellas mayoritarias, de tipo pacífico, de otras minoritarias, de tipo violento. El discurso de la élite política que dirige el Estado apunta a considerar a la mayoría de los manifestantes como terroristas, organizados por la oposición de derecha, pagados, con antecedentes penales y consumidores de drogas. Hasta el 31.07.24, de acuerdo con la información reportada por el Fiscal General de la República, 1.062 personas se encuentran detenidas por estos hechos, imputadas por graves delitos como terrorismo, traición a la patria e instigación al odio; una parte importante de ellas son menores de 18 años. Cabe subrayar que estos tipos penales (frecuentemente usados por el Estado para criminalizar a disidentes, opositores y críticos) tienen una muy limitada definición del supuesto de hecho, dejando su interpretación a la discrecionalidad de los operadores de justicia; así como unas penas excesivamente altas. Esto los hace, de jure, contrarios a los estándares de derechos humanos.
6. A través de la represión de los cuerpos de seguridad del Estado y de civiles armados que actúan con aquiescencia del Estado (organizaciones parapoliciales), las manifestaciones han sido reducidas. Surgentes ha recibido denuncias directas de civiles armados con presencia en las parroquias Santa Rosalía y San Agustín (Caracas), que se llevaron a jóvenes que habían participado en las jornadas de protestas del pasado lunes 29 de julio y que hasta este momento se encuentran desaparecidos. También se reporta que el “patrullaje” de este tipo de grupos, en las parroquias 23 de enero y San Agustín, está orientado a contener los cacerolazos que se venían registrando en estos sectores durante los últimos días. Surgentes ha recibido denuncias de detenciones arbitrarias y personas extorsionadas por cuerpos de seguridad del Estado.

Exigencias y posicionamiento

7. Exigimos al Consejo Nacional Electoral publicar, a la mayor brevedad, los resultados electorales desagregados por centros electorales y mesas; así como la totalidad de las actas, de manera que se disipen las dudas sobre los resultados anunciados y se restablezca la legitimidad que ha caracterizado al sistema electoral venezolano durante los últimos 20 años.
8. Exigimos a la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia que se abstenga de generar mayor opacidad sobre el proceso electoral. Cualquiera que sea su intervención en este proceso no puede implicar sustraer la información sobre actas y resultados electorales mesa por mesa, de la auditoría ciudadana.
9. Exigimos a las autoridades que se investiguen las graves denuncias sobre personas “detenidas” por civiles armados que son identificados como colectivos; así como sobre excesos en el uso de la fuerza y actos de extorsión cometidos por cuerpos de seguridad.
10. Exigimos a la Fiscalía General de la República que se abstenga de seguir utilizando tipos penales abiertos para judicializar hechos de bajo daño social. Reconocemos el deber del Estado de investigar y sancionar los hechos de violencia que se han registrado durante las movilizaciones iniciadas el pasado lunes 29 de julio, pero instamos a las autoridades competentes a establecer un tratamiento diferenciado frente a las distintas magnitudes de los mismos y, en ese sentido: a. Otorgar la libertad inmediata a quienes fueron detenidas sin estar involucradas o ejerciendo su legítimo derecho a la manifestación de manera pacífica; b. Aplicar fórmulas alternativas a la prosecución del proceso para quienes en el marco del ejercicio de este derecho han cometido pequeñas ilegalidades; c. Garantizar el respeto por los derechos de los menores de edad que han sido detenidos, con la debida participación de los órganos del sistema penal de responsabilidad y de los entes de protección que nuestras leyes contemplan para ellos; d. Garantizar a cabalidad el debido proceso de todas las personas que han sido detenidas, lo que incluye permitir el acceso a sus familiares y abogados; e. Investigar y sancionar a quienes han sido responsables de graves hechos de violencia como los registrados en la radio de Carora, en el estado Lara, donde personas identificadas con el chavismo han sido gravemente agredidas, hostigadas y amenazadas.
11. Rechazamos las declaraciones del presidente de la República anunciando “que faltaban mil personas más por detener” y que ya tienen acondicionados algunos recintos penitenciarios para ello. Estos anuncios, suelen ser interpretados por los funcionarios de seguridad como una cuota de detenidos que deben cumplir, lo que los obliga a capturar personas, generalmente jóvenes de sectores populares sin respetar el debido proceso. En tal sentido, exigimos al alto gobierno, abstenerse de realizar anuncios que propenden a judicializar a personas que ejercen legítimamente su derecho a la manifestación pacífica.
12. Repudiamos las expresiones de odio y violencia contra militantes de la Revolución Bolivariana, bienes públicos o del partido de gobierno y exigimos al Estado que estos hechos sean adecuadamente investigados y sancionados. Enviamos la solidaridad de nuestro colectivo a los compañeros que han sido victimizados, a sus familiares y a sus compañeros de militancia.
13. Finalmente recordamos que, en este momento, la paz de la República descansa fundamentalmente sobre los hombros de las cabezas de las instituciones del Estado y el liderazgo político del país. Solo una actuación responsable, apegada a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, nos permitirá ahuyentar los tambores de la guerra, recuperar el protagonismo del pueblo en la definición de su futuro y la reinstitucionalización de nuestros conflictos.

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