Desde el Comité por los Derechos del Pueblo nos sumamos a estas graves denuncias, en tanto varias de ellas se corresponden con las que hemos venimos realizando desde hace 3 años, cuando nuestros familiares fueron injustamente detenidos en el marco del operativo policial “Gran Cacique Guaicaipuro”, acusados sin ningún fundamento probatorio de pertenecer a las bandas que operaban en los sectores del Cementerio, la Cota 905 y La Vega.

 

Durante estos tres largos años de injusticias que se cumplirán en este mes de junio y julio próximo, hemos denunciado, no sólo la arbitrariedad con que distintos cuerpos de seguridad detuvieron a nuestros familiares, sino también las graves violaciones a los derechos humanos que hemos tenido que enfrentar durante el proceso penal que se sigue en su contra. Un Ministerio Público que los acusó sin más pruebas que un acta de investigación policial amañada y llena de contradicciones; una Defensa Pública pasiva que no promovió las pruebas que demostraban que las circunstancias de tiempo, modo y lugar alegados por los funcionarios actuantes no se correspondían con aquellas bajo las cuales fueron arbitrariamente detenidos; un juicio que no avanza, ya sea porque no se realizan los traslados correspondientes durante las fechas de audiencia fijadas o porque no se presentan los funcionarios policiales actuantes, únicos medios de prueba en contra de nuestros muchachos.

 

Mientras el tiempo sigue pasando ante la indolencia de este injusto sistema, nuestros familiares van perdiendo valiosos años de vida, consumiéndose en celdas que no cuentan con las mínimas condiciones de reclusión, caracterizadas por altos niveles de hacinamiento, ausencia de espacios adecuados para realizar sus deposiciones y rutinas de higiene, sin acceso al aire libre y a espacios de deporte y esparcimiento. Sometidos a cobros ilegales para acceder a los mínimos que deberían tener garantizados como derechos. Condiciones todas estas, que hace un año y medio, le cobraron la vida a José Félix Maíz, uno de nuestros muchachos, que fue detenido mientras compraba un kilo de arroz para sus cuatro hijos, y que un año y medio más tarde, como producto de las terribles condiciones de reclusión en que se encontraba y de la falta de atención a la medida humanitaria solicitada, murió como consecuencia de tuberculosis y septicemia.

 

Por eso hoy nos sumamos a este clamor que no solo es el nuestro, sino el de muchos, y exigimos a las autoridades competentes que se tomen las medidas pertinentes de manera inmediata, para acabar con el grave retardo procesal que enfrenta una gran parte de la población penitenciaria de nuestro país; que se fortalezca la Defensa Pública para que nuestros familiares puedan ejercer un verdadero derecho a la defensa; que se garanticen los traslados en las fechas fijadas para las audiencias; que se actualicen los cómputos para otorgar las redenciones que correspondan; que los jueces y juezas tomen las medidas para garantizar y acelerar los juicios en curso y dicten sentencia con total independencia; que se aseguren condiciones de reclusión dignas para que las personas privadas de libertad tengan garantizados sus derechos sin que esto suponga la exigencia de pagos a los cuerpos de seguridad encargados de su custodia.

 

El sistema de justicia debe dejar de ser una máquina de triturar pobres. Nos organizamos y nos movilizamos para lograrlo.

 

Caracas. 12.06.24