Durante los años 2021 y 2022, cuando el gobierno venezolano emprendió lo que denominó guerra contra los TANCOL (Terroristas, Asesinos, Narcotraficantes, Colombianos), se generó un saldo doloroso que aún permanece vivo: decenas de campesinos pobres fueron capturados, judicializados y encarcelados de forma arbitraria y sin que se le respetara luego su derecho al debido proceso. Se trata de un expediente de 44 casos documentados por Surgentes, que no son historias aisladas sino la evidencia de una práctica sistemática de fabricación de falsos positivos judiciales. Por la rapidez con la que se vienen conociendo casos nuevos, la organización de derechos humanos, calcula que por cada caso conocido hay, al menos 3 casos más por conocer.

Al analizar la data de esa documentación realizada por Surgentes, se desprende claramente una serie de patrones en estas detenciones: quiénes fueron las víctimas, cómo operaron los cuerpos de seguridad, cómo se aplicó tortura y tratos violentos y humillantes, cómo se sembraron presuntas evidencias y cómo luego el sistema judicial legitimó el montaje.

EL PERFIL DE LA VÍCTIMA: POBRE Y RURAL

De los 44 casos analizados, emerge un perfil común que se aleja en extremo de lo que podría ser un conjunto de detenciones enmarcadas en una lucha contra el terrorismo encarnado por el acrónimo TANCOL. Veamos algunos datos:

• 32 de las víctimas (73% de los casos documentatos) son campesinos, pescadores o jornaleros.
• 40 de estas personas (91% de los casos) no tienen antecedentes penales.
• 5 son mujeres
• 1 es un adolescentes que tenía 15 años
• 6 son simplemente ciudadanos colombianos
• 3 son funcionarios públicos de cargos menores

Ninguna de las personas detenidas era un comandante guerrillero o el cabecilla de un grupo armado. Se trata de ordeñadores, cocineras, mecánicos, jornaleros, comerciantes informales y un adolescente: Erwin Jesús Álvarez Izarra tenía 15 años cuando la GNB y la DGCIM lo detuvieron y torturaron en un asentamiento campesino de Barinas.

Ángel Eduardo Cañas Gómez es otro caso. El 15 de marzo de 2022, llegaba al fundo Chaparral, en Capanaparo, con un pote de gasolina para la cocina. No había cometido ningún delito. No había orden judicial. Pero la GNB y la DGCIM lo capturaron, lo golpearon, lo vistieron con un uniforme militar que no era suyo. Finalmente, lo acusaron de terrorismo, tráfico de explosivos y asociación para delinquir. Su hermana, María Gregoria, estaba en la cocina del fundo. También la detuvieron. Hoy, Ángel está en Rodeo 3. María Gregoria, en el INOF. La madre de ambos, Luz Velia, recorre tribunales sin entender cómo sus hijos —campesinos, pobres, trabajadores— terminaron siendo convertidos en «terroristas».

 LA GEOGRAFÍA DE LA IMPUNIDAD

Las detenciones se concentran en estados fronterizos y, en general, en comunidades alejadas, recónditas, caseríos y predios de donde es en extremo difícil que salgan las denuncias, que se organicen esfuerzos de visibilización de los casos. Hasta hoy estos casos han permanecido invisibles.

Por ejemplo, se sabe que en Apure se realizaron treinta (30) de las detenciones, específicamente en  los alrededores de Elorza, Guasdualito, La Victoria y San Juan de Payara. Seis (06) fueron en Barinas, en localidades aledañas de Socopó, Santa Bárbara y Barinitas. En Táchira fueron 4 y en Zulia 2.

Salta a la vista un patrón: el 68% de los casos ocurrieron en Apure. De esta data se desprende al menos dos preguntas: ¿los campesinos fueron considerados colaboradores de los TANCOL por el solo hecho de vivir en la zona? ¿se trató de detenciones realizadas únicamente para engordar un registro y construir la ficción de una campaña de seguridad y soberanía territorial victoriosa?

UN FUNCIONAMIENTO COORDINADO

En el listado de casos hay tres instituciones que aparecen una y otra vez, actuando en cadena:

• El DGCIM, en 41 de los casos, es decir, el 93%
• La GNB en 22 casos (actuando en coordinación con el DGCIM): 50%
• Civiles armados sin identificación: 8 casos, para un 18%, que implicaba la captura inicial y la posterior entrega a la DGCIM
• CICPC: aparece en 2 oportunidades durante la realización de la reseña posterior y la legalización del montaje.

En estas capturas se menciona reiteradamente la actuación de hombres armados sin uniforme, sin orden judicial, usando capuchas, que resultaban luego ser parte de la DGCIM. Otro patrón es la desaparición de los detenidos durante semanas, la aplicación de tortura y la presentación ante tribunales con pruebas fabricadas.

El caso de Jorge José Ramírez Castillo ilustra el método: el 15 de enero de 2022, a las 3 am, efectivos de la DGCIM tumbaron la puerta de su casa en Elorza, Apure. Lo sacaron en ropa interior, lo esposaron y lo encapucharon. Lo llevaron al Hato El Frío, donde fue torturado durante horas con asfixia por bolsa y descargas eléctricas en los pies y las costillas. Según testimonio de sus familiares, un agente dijo: «No los torturen más, que ya están bastante torturados». Luego lo presentaron ante un tribunal por los supuestos delitos de terrorismo y asociación para delinquir.

Asimismo, el caso de Renso José Pita Quintero. El 23 de septiembre de 2021, en su negocio de Naranjales, Táchira, tres hombres encapuchados lo subieron a una camioneta. Lo llevaron a una finca cerca de un río, lo desnudaron, le metieron corriente, lo golpearon con un fusil y lo asfixiaron con una bolsa plástica. Seis horas después, lo trasladaron a la base de la DGCIM en San Cristóbal. Allí estuvo seis días sin comida, esposado y encapuchado. Y lo obligaron a grabar un video autoinculpándose. Luego, estuvo 50 días incomunicado. Cuando finalmente apareció ante un tribunal, ya había confesado. ¿Puede ser legal una “confesión” obtenida de esta forma?.

LA TORTURA

Los 44 casos documentan un doloroso repertorio de tortura y tratos violentos, aplicada con el objetivo de forzar declaraciones autoinculpatorias. Veamos lo que dicen los testimonios:

• Asfixia con bolsa plástica en 18 casos
• Descargas eléctricas en 14 casos: en testículos, oídos, costillas, o colocando los pies dentro de agua
• Golpes con fusil, cachas o palos a 22 de estas personas, causando fracturas de costillas, dislocación de rodilla en dos casos
• Colgamiento en 8 casos: suspensión con las manos atadas a la espalda
• Simulación de ejecución a 5 de estas personas: fueron arrodillados en ríos y zonas solitarias mientras eran amenazados de muerte
• Aislamiento extremo en 3 casos: encierro en celdas sin luz ni ventilación durante días
• Quemaduras con gases o humo en 2 casos: tubos de escape de vehículos conectados a la celda
• Abuso sexual contra mujeres en 5 casos: tocamientos, amenazas de violación e insultos de índole sexual

El caso más extremo es el de Iraima Andreina Acosta Moncada, quien fue detenida junto a su tío en un hotel de La Victoria, Apure. Según cuentan sus familiares, un funcionario de la DGCIM le disparó cerca de la columna. La bala le salió por el abdomen. Luego, le metieron los dedos en la herida abierta para obligarla a hablar. Le aplicaron corriente, la manosearon sexualmente, la amenazaron con violarla y la asfixiaron con bolsas de detergente y talco. Su tío, José Acosta, perdió la visión de un ojo y la audición de un oído después de que le introdujeran la cabeza en una lavadora en funcionamiento.

LA DESAPARICIÓN TEMPORAL

En todos los casos se incomunicó a los detenidos, lo cual evidencia que no se trató de errores o de prácticas aisladas sino de un método, una etapa planificada del proceso. Así lo demuestran los números: quince (15) casos de incomunicación entre los 2 y los 7 días, doce (12) casos entre 8 y 15 días, ocho (08) casos entre 16 y 30 días y cinco (05) casos más de 30 días. El más extremo de los casos es el de Yulberzon Medina, que estuvo incomunicado diez (10) meses.

Durante ese tiempo, las familias acudieron a tribunales, fiscalías y comandos militares sin que les dieran información. Los detenidos fueron trasladados múltiples veces: del sitio de detención a la sede local de la DGCIM, luego a la sede regional (San Fernando, San Cristóbal, Barinas), luego a la sede principal en Boleíta (Caracas), y finalmente a los penales de El Rodeo o Yare.

 EL MONTAJE Y LA FABRICACIÓN DE PRUEBAS

La investigación de Surgentes encontró que en los casos documentados, en al menos 22, es decir, el 50%, se sembraron supuestas pruebas que jamás fueron investigadas ni demostradas, como exige la ley. Así, en doce (12) casos se sembraron armas de fuego; en ocho (08), municiones: en cinco (05), explosivos; en seis (06), uniformes o chalecos militares; en tres (03), droga; y en cuatro (04), radios de comunicación.

El caso de José Roberto Valenzuela es dramático: iba en moto con 1.000 dólares y un millón de pesos colombianos para comprar un uniforme de taekwondo para su hija. En la alcabala El Caracol, Zulia, un funcionario de la GNB le pidió el dinero como soborno. Al negarse, le sembraron un bolso militar, un radio de comunicación y un pantalón militar. Fue acusado de terrorismo.

Otro caso grave es el de Alisson Blanco Berrío, quien fue detenido primero por civiles armados y luego entregado a la DGCIM. Fue torturado por ambos y finalmente condenado a 30 años de prisión sin que existiera una sola prueba creíble en su contra.

LOS DELITOS IMPUTADOS: UN CATÁLOGO DESPROPORCIONADO

En todos estos casos la Ley contra el Terrorismo (2015) pareciera ser aplicada como un comodín. Los delitos más frecuentes son:

• Terrorismo: 42 casos (95%)
• Asociación para delinquir: 38 casos (86%)
• Tráfico de armas o municiones: 22 casos (50%)|
• Tráfico de explosivos: 7 casos (16%)
• Financiamiento al terrorismo: 6 casos (14%)
• Traición a la patria: 5 casos (11%)

Un campesino con una escopeta vieja para cacería es acusado de terrorismo. Un adolescente que aparece en una foto con un uniforme (sembrado) es acusado de traición a la patria. Un comerciante colombiano con 30 años en Venezuela es acusado de financiamiento al terrorismo por enviar remesas a su familia.

LAS VIOLACIONES AL DEBIDO PROCESO

El análisis de los datos recogidos por Surgentes en su investigación, arrojan una conclusión ineludible: el sistema judicial actuó como parte del engranaje para legitimar el montaje, añadiendo, de paso, sus propias violaciones al derecho. Veamos los datos, que hablan por sí solos:

• Detención sin orden judicial: 42 personas (95%)
• Detención sin flagrancia: 44 casos (100%)
• Incomunicación que impide abogado de confianza y acompañamiento familiar: 44 casos (100%)
• Declaraciones obtenidas bajo tortura: 25 casos (57%)
• Juicios con pruebas fabricadas que jamás se intentó comprobar: 22 casos (50%)
• Condenas sin pruebas materiales: 18 casos (41%)

El caso de Erwin Álvarez (15 años) es paradigmático: fue condenado a 10 años de prisión en un proceso donde las únicas «pruebas» eran su declaración obtenida bajo tortura (arrojado al río atado de manos y pies) y el testimonio de los mismos funcionarios que lo capturaron y golpearon.

COROLARIO

Los 44 casos de falsos positivos TANCOL no son abusos individuales ni excesos policiales aislados. La información recogida evidencia una suerte de fabricación sistemática de terroristas ejecutado principalmente por la DGCIM y la GNB, legitimado por tribunales especiales en materia de terrorismo. Las víctimas son campesinos, mujeres embarazadas, adolescentes, comerciantes informales. Sus únicos delitos son vivir en la frontera, ser pobres o tener la nacionalidad colombiana.

El llamado que hace Surgentes es claro: en el marco de la ley de amnistía, estos casos deben ser admitidos y revisados para hacer justicia y reparar, al menos parcialmente, el daño causado por estos años de prisión injusta.

Mientras tanto, Ángel Cañas, María Gregoria, Erwin Álvarez, Iraima Acosta, Renso Pita y decenas de otros siguen tras las rejas. ¡Que sus nombres no sean solo números en un expediente y puedan ser liberados!

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