De todo el pueblo trabajador es harto conocida por experiencia y sufrimiento en carne propia y la de nuestras familias, lo que ha significado la destrucción del salario y las pensiones en nuestra cotidianidad; los cuáles hace poco más de una década satisfacían nuestras necesidades más elementales y otras básicas.

La pulverización del salario, pensiones y jubilaciones, comienza a partir del desplome de los precios del petróleo en 2016, sumado a la estrategia “del buen pagador” de la deuda externa cuya cifra llega a los 113.000 mil millones de dólares 2014 y 2017, del giro en la política económica del gobierno entre 2016 y 2018 en función de privilegiar los intereses del gran capital privado nacional e internacional, favoreciendo al capitalismo buitre cuyas prácticas caníbales, abandonando la conducción de la economía so pretexto de ahorrar en divisas, en detrimento de los fundamentos económicos y del consumo familiar y el poder adquisitivo de los trabajadores venezolanos.

Sin olvidarnos del ataque a nuestro signo monetario y su devaluación, de las sanciones ilegales a nuestra industria petrolera y a empresas estatales estratégicas y básicas, cuyo manejo ha sido incorrecto, pues es vez de una oportunidad las sanciones se han convertido en la cobertura para el desmontaje del Estado Social de Derecho y de Justicia, colocando el peso de la crisis sobre los hombros de los trabajadores y las mayorías populares, gracias a la aplicación del “Programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica”. Se consumó así, el “gran viraje” del siglo XXI anhelado por quiénes nos imponen sanciones y por la oposición apátrida, siempre en favor de las élites económicas emergentes del capital privado y del Estado patrimonialista y las corporaciones extranjeras, y a las burguesías de antes y las nuevas mal llamadas “revolucionarias”.

Pulverizaron los beneficios laborales, con la dolarización de facto la economía, su desregulación, la flexibilización o inestabilidad laboral, mientras trituran salarios, pensiones, jubilaciones, acabando con las prestaciones sociales, utilidades o aguinaldos y bonos vacacionales; para eso, crearon adefesios jurídicos contrarios a la Constitución, a la legislación laboral vigente y convenios internacionales suscritos por la República; como lo son normas de rango sublegal: Memorándum 2792 y el nefasto Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE); que invalidaron las contrataciones colectivas en sus conquistas económicas y sociales.

No conformes con esto, el gobierno ha estado utilizando esa instancia conocida como sistema y plataforma patria, para la retención de conceptos salariales acumulativos y de otras deducciones que corresponden hacerlas a las entidades empleadoras de trabajadores del sector público. De esta manera se acumulan y retienen pasivos laborales como prestaciones sociales y deducciones como las del IVSS, Cajas de Ahorro y cuotas sindicales. Apropiándose indebidamente e ilegalmente de un patrimonio que pertenece a los trabajadores activos, jubilados y pensionados, sin rendir cuentas, ni control sobre esos conceptos a ninguna instancia del Poder Público, haciendo un uso abusivo y discrecional de su poder. Se trata en este caso, de los recursos y patrimonio de más de 3 millones de trabajadores del sector público y de una parte considerable de los 5 millones de jubilados y pensionados del país.

Un gobierno a todas luces con un comportamiento antiobrero, antitrabajadores, y claramente neoliberal, que ha generado no solo repudio y descontento de trabajadores activos, jubilados y pensionados, sino también ha generado acciones y luchas de resistencia y por la restitución de los salarios, pensiones dignas, contrataciones colectivas y otras conquistas vulneradas en estos sombríos años de involución de derechos laborales y de orgíastico festín del capital.

Desde inicios de 2022 hemos presenciado irrupciones movilizadoras masivas para enfrentar la regresión. Así hemos visto, participado y acompañado las acciones de los jubilados, docentes, trabajadores de la salud, de las Empresas Básicas de Guayana, de empresas del sector privado como MONDELEZ (antigua Kraft) en Lara, de MASISA en la región de Guayana, entre otras.

Los trabajadores venezolanos no nos hemos rendido, ni nos conformamos sólo con quejarnos. Esto ha permitido algunos logros puntuales en 2022 (pago completo bono vacacional y recreacional de trabajadores y jubilados de la educación) o la aplicación de políticas asistencialistas y demagógicas desde inicios de 2023 a partir como bonos considerados además ilegalmente como no salariales (bonos contra la guerra económica y de alimentación) en el sector público. A pesar de dichas políticas asistencialistas, el gobierno mantiene intacta la destrucción del salario (salario mínimo nacional mensual actual de 3,50 $) y su congelación desde hace quince meses, violentando así lo previsto en nuestra Constitución en el artículo 91.

Mientras, en el sector privado los dueños de empresas, han usado a placer los instrumentos jurídicos impulsados por el gobierno para dejar sin efecto derechos individuales y colectivos de los trabajadores, como ha sucedido en el sector público, pero con la diferencia de que en ésas empresas la organización de los trabajadores es mucho más reducida y la indefensión  laboral es más pronunciada ya que la tanto las Inspectorías del Trabajo y el INPSASEL convalidan esa situación. Aunque puedan pagarse a esos los trabajadores ingresos mayores que en sector público, casi lo totalidad son bonos no incluidos en el salario y en todos los derechos y beneficios que se derivan de éste. Las jornadas labores extenuantes, superiores a los límites establecidos en la legislación laboral (10, 12 y hasta 14 horas diarias) sin reconocimiento de pago de horas extras, y escasamente con un día libre por semana o sin ninguno en ocasiones. En muchas oportunidades ni siquiera les pagan el bono de alimentación y para colmo de males, el gobierno en su alianza antiobrera con el capital, no implementó el bono contra la guerra económica en el sector privado, lo que resulta en una clara discriminación contra los trabajadores del sector privado.

La situación de millones de pensionados por vejez vía IVSS, es la más dramática de toda la población del país, con una mensualidad de un salario mínimo nacional y un bono contra la guerra económica equivalente a 32,5 $ mensuales. Estos ingresos se encuentran incluso por debajo de la línea de pobreza extrema y de los mínimos ingresos de supervivencia individual establecidos por la ONU.

También alertamos que se quiera utilizar el diálogo social tripartito para imponer retrocesos en las luchas, legislaciones y derechos laborales a espaldas de los trabajadores, como lo han venido anunciando el presidente de Fedecamaras y otros voceros de los empresarios.

Los empresarios, en complicidad con los políticos de una y otra ralea, trata de adecuar la Ley del Trabajo (Lottt). Con el argumento de aumentar el salario siempre y cuando no incida en las prestaciones sociales, se pretende flexibilizar la LOTTT, política esta que cuentas con aliados en las elites conformadas por el gobierno y la oposición, con el silencio de las cúpulas sindicales

Todos estos reclamos han sido invisibilizados exprofeso y criminalizados los reclamantes aplicando la nefasta “ley contra el odio” escondiendo la vulgar criminalización de la protesta, persecución contra sindicalistas, negación de derechos laborales y la involución de toda la legislación laboral vigente para desaplicarla vía de hecho.

Todos estos temas en la generalidad de los candidatos que compiten por la presidencia de la República el venidero 28 de Julio, han estado ausentes de la actual campaña electoral presidencial. Las principales vocerías de este lamentable show demagógico, juegan a hacerse los locos con toda esta situación, dando una demostración de su convalidación por acción u omisión con la misma.

Por esta razón desde LA OTRA CAMPAÑA denunciamos el ocultamiento y visibilizamos las justas luchas y exigencias de nuestros trabajadores, jubilados y pensionados, cuyos derechos laborales y humanos elementales han sido vulnerados sistemáticamente y solidarizándonos de hecho y con acciones que apoyan y acompañan esta causa. Así develamos ante los ojos de nuestro pueblo trabajador, la nación y el mundo, que en medio del pacto de élites vigente, que esta situación no cambiará con estas elecciones presidenciales, sino que será la lucha del pueblo venezolano unido todo como una multitud consciente, la que pueda incidir para cambiar el estado de cosas que tenemos, y provocar cambios en favor de las grandes mayorías nacionales.

¡Gobierne quien gobierne, los Derechos se Defienden!